Tras un mes de polémicas que abarcaron varios actores aparte de los usuarios, hoy entra en vigor la nueva política de privacidad unificada de Google, que simplifica nuestra vida a la hora de leer los términos por los cuales se rige cada servicio, pero también otorga mayores concesiones a la compañía en lo que se refiere al tratamiento de los datos. ¿En qué cambia la experiencia de cada miembro a partir de este momento?

Como ya analizamos anteriormente, la novedad principal es que 70 documentos legales (esos que nunca leemos) se reunen en uno solo. Si bien esto es práctico porque todos los datos que podemos observar en el Dashboard son tratatados ahora de la misma manera, también se abre la puerta para que sean utilizados con la idea de mejorar las funciones sociales o, peor aún, con fines publicitarios.

Incluso, como todos los servicios están siendo adaptados para vincularse con el protecyo Google+, existe la posibilidad de que Google unifique los nicknames que utilizamos y los vincule a nuestro perfil. Por ejemplo, dos sitios que permiten establecer un nombre de usuario distinto al de nuestra cuenta, son Blogger y YouTube. Si poseemos una identidad ficticia en alguno de ellos, más adelante podría reemplazarse por una real, como ocurrió con Picasa.

A raíz de esto, el propio Google explicó al Gobierno estadounidense en qué consisten estos cambios, la Unión Europea pidió una postergación de la implementación y Microsoft aprovechó para efectuar críticas a través de una campaña publicitaria. Pero, al menos hasta esta ahora, nada logró detener efectivamente la aplicación de las nuevas normas.

Por este motivo, la Electronic Frontier Foundation hizo hincapié hace unos días en un tema crucial: nuestros historiales del buscador y YouTube podrían almacenarse indefinidamente, al menos que inhabilitemos de manera expresa tanto el Historial Web como la lista de últimos videos visualizados. Personalmente, creo que esto es blanquear un comportamiento que posee Google hace tiempo, aunque nunca está demás analizar qué información personal guarda la compañía. Y ustedes, ¿cómo creen que los afectan estas novedades?

La semana pasada, Google anunció una nueva política de privacidad fruto de la reunificación de las distintas políticas de privacidad de sus servicios (que se contaban en más de 60). La idea inicial era simplificar el modelo de manera que los usuarios viesen a Google como un único proveedor de servicio que daba acceso a un único porfolio a través de un acceso centralizado y, por tanto, los tradicionales “servicios” (Google+, buscador, Gmail, Google Calendar, etc) se convertirían en un “todo” ente los que se podría intercambiar información del usuario. Visto así, los datos que hemos generado al usar cualquier servicio podrían ser susceptibles de ser utilizados a la hora de mostrar anuncios en una búsqueda y, ante esta situación, a gran parte de los usuarios no les hizo gracia el cambio. Afortunadamente, también a las instituciones les llamó la atención el cambio y, para intentar mitigar toda esta desconfianza, Google ha enviado una carta al Congreso de Estados Unidos explicando todos estos cambios.

El primero de los toques de atención a Google llegó la semana pasada a raíz de Google Apps for Governments, el paquete de servicios en la nube que Google ofrece a las administraciones públicas. Que una administración pública decida dar el salto a la nube es todo un logro y, en el caso de decidirse, es normal que exija ciertas garantías de privacidad a los datos que almacena. Sin embargo, este anuncio realizado por Google agitó a los clientes corporativos que veían peligrar la privacidad de sus datos y pensaron que los de Mountain View iban a procesar también los datos de sus usuarios.

El Vicepresidente de Google Enterprise, Amit Singh, publicó un comunicado que aseguraba que los clientes corporativos estaban fuera de estos cambios en la política de privacidad:

Los clientes corporativos que usan Google Apps en Administraciones Públicas, Empresas o entornos educativos tienen contratos individuales que definen cómo se almacenan y manejan sus datos. Como de costumbre, Google salvaguardará la confidencialidad de los datos en cumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad y seguridad. La nueva política de privacidad no cambia nuestros acuerdos contractuales, que siempre estarán sujetos a las políticas de privacidad de Google para clientes corporativos

Perfecto, las empresas no se verán afectadas por estos cambios pero, ¿qué pasa con los usuarios particulares? ¿cómo les afectan estos cambios? Desde Google han respondido a esta pregunta con un argumentario de 12 páginas enviado a varios Congresistas de Estados Unidos con una carta firmada por Pablo Chavez, el director de políticas públicas de Google.

Uno de los argumentos de peso para Google es la simplicidad, de hecho es uno de los hilos conductores del vídeo que presentaba estos cambios. Poder reducir a un único documento legal los 60 existentes es una ventaja para los usuarios puesto que reducen a un 15% todo el acuerdo de privacidad total (aunque, para que sea algo realmente efectivo, el usuario debería leérselo). Por otro lado, Google afirma que esta reunificación redunda en un beneficio para el usuario puesto que le será mucho más fácil a la compañía ofrecer una mayor personalización al contar con mucha más información sobre la actividad del usuario.

Hasta el mes de marzo no serán efectivo estos cambios así que supongo que tendremos que esperar para ver cómo se comportan los servicios de Google cuando la información del usuario sea tratada como un todo aunque, la verdad, creo que es algo que puede que Google esté ya haciendo.

Hay un detalle muy importante que muchos usuarios solemos obviar cuando nos registramos en un servicio o instalamos una aplicación: los términos de uso del servicio y la política de privacidad. La verdad es que es importante revisar este tipo de aspectos aunque pueda parecer un aburrimiento de términos legales (que lo es) que parecen que estamos vendiendo nuestro alma al diablo. Google, que tenía más de 70 documentos legales para cada servicio, ha decidido unificar todas sus políticas de privacidad en una que, además, comenzará a ser efectiva a partir del 1 de marzo.

70 documentos legales, para cada uno de los servicios de Google, que se reunifican en uno único que abarcará “toda la experiencia del usuario en Google”. Dicho así suena bastante bien pero, si lo pensamos un poco, significa que aceptaremos unas condiciones del servicio que serán de aplicación en todos los servicios de Google y, por tanto, nuestros datos fluirán entre todos los servicios del gigante de Mountain View porque, a efectos prácticos, serán como uno solo. De hecho, Google lo deja bastante claro en su explicación y no da rodeos al indicar que combinarán los datos que generemos en los distintos servicios que utilice el usuario.

¿Y en qué se traducen estos cambios? Bajo mi punto de vista, le estaremos dando a Google una licencia para hacer algo que siempre quiso hacer y que, desde hace algún tiempo, ya hacía al combinar, por ejemplo, en los resultados de búsqueda nuestra actividad en Google+ o la de nuestros contactos. Imaginemos que estamos en YouTube viendo un vídeo sobre una temática concreta, esa información será almacenada por Google y susceptible de ser utilizada, por ejemplo, a la hora de mostrarnos publicidad en los resultados de búsqueda.

Con todos estos cambios, Google pretende ofrecer al usuario una experiencia global que se extienda en todos sus servicios que, a partir del 1 de marzo, dejarían de ser servicios estancos y se verían como una única cosa. ¿Beneficia o perjudica al usuario? La verdad es que es complicado responder a esta pregunta; al simplificar los términos de uso, el usuario tiene mucho más fácil entender qué hará Google con sus datos y cuáles son las condiciones que rigen la relación entre usuario y proveedor del servicio pero, por otro lado, esta simplificación incluye una carta blanca para que Google procese mucho más nuestros datos para seguir incluyendo componentes sociales en sus servicios (buscador, YouTube, etc).

Después del chaparrón del ataque a PlayStation Network, el restablecimiento del servicio y las compensaciones a los usuarios (cuyos datos personales fueron robados y sus datos bancarios expuestos), poco más hemos vuelto a saber de la compañía más allá de haber contratado a un antiguo responsable del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como nuevo responsable de seguridad de la compañía. Sin demasiada publicidad, Sony decidió ayer variar los términos de uso del servicio en Estados Unidos, introduciendo una claúsula que impide a los usuarios demandar a la compañía de manera colectiva y les obliga a solventar cualquier discrepancia ante un interventor imparcial o un mecanismo de arbitraje, eso sí, de manera individualizada.

Los problemas de seguridad de Sony del pasado mes de abril desembocaron en varias investigaciones de distintas agencias de protección de datos además de demandas de particulares para pedir responsabilidades legales a la compañía por todo lo sucedido. Aunque el servicio se haya restablecido y Sony se haya disculpado con los usuarios las demandas siguen su curso y, en prevención de que todo esto vuelva a pasar, la compañía ha decidido blindarse mediante nuevas condiciones que, normalmente, no son leídas por los usuarios.

De esta forma, aprovechando que los usuarios no suelen leer con detenimiento este tipo de acuerdos, Sony habría eliminado la posibilidad de que un usuario pueda recurrir a la justicia si volviese a ocurrir una situación similar a la de la primavera pasada. Si bien estos cambios sólo afectan a Estados Unidos, no sería nada descabellado pensar que pudiesen aplicarse en otros países en los que el servicio opera y encontrarnos cosas como que el usuario se compromete a no denunciar a la compañía y cualquier problema o reclamación se dirimirá de forma privada entre la compañía y los usuarios (sección 15 de los términos de uso). De hecho, los usuarios que acepten el contrato, y deben hacerlo si quieren acceder a PlayStation Network, se comprometen a no formar parte de reclamaciones o acciones colectivas contra la compañía.

Al leer estas condiciones tan abusivas, la verdad, entran ganas de no usar el servicio. Supongo que para no ser tachados de abusivos, la compañía señala que el que no esté de acuerdo con la renuncia a su derecho de emprender acciones legales puede solicitar la no aplicación de estas clausulas mediante la notificación escrita en un plazo inferior a 30 días.

Todo esto me parece un atraco a mano armada y, de verdad, espero que no se extienda por el resto de países en los que PlayStation Network opera porque, quizás, choque con alguna que otra legislación nacional. Como ya comentamos cuando Dropbox cambió las condiciones de su servicio, el usuario está obligado a saber dónde se mete y, por tanto, debería prestar atención a este tipo de acuerdos (por muy aburridos que sean porque, precisamente, se hacen aburridos para que no sean leídos). Creo que nadie debería renunciar al derecho de poder reclamar ante las autoridades, es un derecho fundamental que ni tan siquiera Sony puede hacernos olvidar entre tanta palabrería.

Ojalá les paren los pies en Estados Unidos.

Este fin de semana, Dropbox, el popular servicio de almacenamiento en la nube, decidió aclarar los términos del servicio que habían suscitado bastante polémica sobre la posibilidad de que, bajo mandato judicial, la compañía entregase a las autoridades los archivos almacenados por los usuarios. Dropbox es uno de los servicios de almacenamiento más utilizados por los usuarios y, cuando en el mes de abril, anunció que podría descifrar archivos y entregarlos a las autoridades, un sector importante de los usuarios expresó su malestar o cerró sus cuentas por lo que han reajustado las condiciones del servicio y las han explicado algo mejor para intentar disipar cualquier tipo de duda.

El concepto de almacenamiento en la nube tiene sus luces y sus sombras puesto que, para muchos usuarios, un servicio de almacenamiento es una extensión de su escritorio y, por tanto, consideran que lo que se almacena ahí es de carácter confidencial o, al menos, restringido para un reducido grupo de usuarios a los que damos permiso y con los que decidimos compartir cierta información. Sin embargo, las empresas que ofrecen estos servicios, y más si son gratuitos, consideran que los datos, al estar bajo su gestión, no son tan privados como la gente piensa, ya que están sujetos a ciertas normas que deben cumplirse.

Dropbox, en su aclaración, ha expresado su obligación en el cumplimiento de la legislación vigente en Estados Unidos, por tanto, bajo mandato judicial está obligada a entregar los datos que se le requieran (algo que funciona prácticamente igual en cualquier estado de Derecho). De hecho, ante esto, ha recomendado a los usuarios que aunque Dropbox descifre los archivos, si éstos ya vienen cifrados, Dropbox no los va a descifrar, así que si los usuarios se sienten más tranquilos pueden subirlos así. La compañía deja claro que aunque el propietario de los archivos sea el usuario, cumplirán con los requerimientos que reciban.

Visto así, no es que la situación cambie mucho porque aunque, en el caso de Dropbox se considere que el usuario sigue siendo el dueño de los archivos, cualquier otro cambio en las condiciones del servicio, esas que la gente suele obviar y no leer, podría hacer cambiar las tornas y, llegado el caso, una empresa podría hacer lo que quisiera. No quiero decir que actualmente Dropbox lo haga, no creo que les convenga, simplemente es algo que podría pasar y es un detalle a tener en cuenta porque podríamos acabar renunciando al derecho a la propiedad de nuestros archivos o nuestros datos.

No hace mucho, con Twitpic pasó algo parecido y tuvo que aclarar qué quería expresar en las condiciones de su servicio, también para aplacar el revuelo generado entre sus usuarios, al igual que le ha pasado a Dropbox.

Después de todo, el caso de Dropbox parece que ha quedado medianamente claro y, según las condiciones del servicio, se ceñirán a cumplir la legislación vigente, no parece que por detrás existan oscuros intereses por apropiarse de los datos de los usuarios. Aún así, el usuario debe ser consciente de dónde se mete, es decir, almacenar archivos en la nube implica que un tercero va a gestionar nuestra información y que, por tanto, deberá existir una relación contractual entre ambos (las condiciones del servicio) que debemos leer, revisar y, sobre todo, entender antes de aceptar (para no llevarnos sustos o desengaños posteriores). Cuando dependemos de un tercero, estamos sujetos a las reglas de juego que nos imponga y somos libres de aceptarlas o, llegado el momento, decir basta (sobre todo si las cambian de manera desfavorable).

Con todo esto no quiero decir que esté en contra de Dropbox o del cloud computing, más bien todo lo contrario, creo que es un modelo de gestión con mucho futuro y, sobre todo, sostenible en cuanto a costes y a eficiencia. Pero como todo nuevo modelo, aún está en pleno proceso de consolidación y las compañías poco a poco irán reajustando el alcance de sus servicios hasta llegar a un escenario estable. Con tanto reajuste, el usuario debe aprender a evaluar si un servicio le conviene o no, al entrar en la nube, las cosas se complican un poco más que pulsar sobre el botón “siguiente” y marcar “he leído y acepto las condiciones del servicio”.

Cuando hablamos de nuestros datos personales, vale la pena dedicar 5 minutos a leer qué van a hacer con nuestros datos en la nube.

Imagen: Blogger-Index

Twitter acaba de anunciar que modificará sus Términos de Servicio para desarrolladores y pasará a prohibir que anunciantes de otras redes que no sea la propia inserten publicidades en el stream o línea temporal de un usuario. Esto lo harían para “preservar la experiencia de usuario tan única que Twitter ha creado”, y asegurar “la salud y valor de la plataforma en el largo plazo”, según Dick Costolo, COO del sitio de microblogging.

El argumento es básicamente que mientras desde Twitter se preocupan por mantener la plataforma como algo valioso en un largo plazo, los anunciantes que insertan publicidad en las líneas temporales de los usuarios solo piensan en las ganancias cercanas. Además, Costolo considera que no son lo suficientemente innovadoras como para beneficiar a los usuarios.

Pero hay otra razón para hacer esto, y que es tanto o más válida que las anteriores: Twitter carga con los costos de mantener la ya monstruosa-de-grande red social, como para además ser una plataforma gratuita para anunciantes que no le traen ningún beneficio directo a la compañía. Si otras empresas desean anunciar sus productos en Twitter, entonces que paguen por los twitts patrocinados.

Esto probablemente afecte la forma en la que muchas aplicaciones se monetizan, y, por ende, el futuro desarrollo de las mismas. Pero aún está por verse cuánto y en qué forma.

Vía: Read Write Web

“Hay que aprender de los errores para no repetirlos”, reza una antigua frase. Twitter tuvo en cuenta el revuelo que causó Facebook al modificar sus términos de servicio y, por eso, anunció sus nuevas condiciones de uso.

Con estos cambios, la red de microblogging especifica que tiene derecho a “usar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir” los tweets, o sea hacer con ellos lo que desee. La explicación que brindan desde la compañía es que lo están haciendo en la actualidad, y de otra manera, las API no tendrían razón de ser. Eso sí, todo el contenido que generes, seguirá siendo de tu propiedad.

En otro aspecto, muchas veces se habló acerca de formas para monetizar el servicio. Incluso, antes de fin de año aparecerán herramientas de seguimiento y cuentas verificadas para empresas. Las nuevas políticas abren la puerta a estas opciones y a la posibile incorporación de anuncios, para evitar futuras controversias.

Estos términos, que añaden oficialmente la norma anti-spam, aparte de haber sido difundidos públicamente, serán notificados durante los próximos días a cada uno de los 20 millones de usuarios. Cuando las cosas son claras, los miembros confían, y eso puede ser crucial para el éxito o fracaso de cualquier proyecto.