En los Estados Unidos, tanto la industria cinematográfica como la musical, están haciendo todo lo que tienen a su alcance para evitar que los internautas compartan materiales protegidos por derechos de autor. En esta ocasión, la RIAA y la MPAA firmaron un acuerdo voluntario con los principales proveedores de Internet para implementar un mecanismo similar a la ley Hadopi francesa, aunque aquí el Estado no tiene intervención alguna.

A partir de ahora, las firmas Cablevision, Comcast, Time Warner y Verizon reciben los reclamos por violaciones de copyright y envían advertencias a los usuarios involucrados, pero sin revelar la identidad de los mismos, salvo que lo requiera una autoridad judicial. A diferencia de la normativa implementada (y suspendida) en Francia, donde tres strikes equivalen al corte del servicio, en este caso hay cinco avisos antes de tomar medidas, las cuales nunca llegarán a la suspensión del servicio. Y es lógico: nadie quiere exponerse a una demanda.

Al superar el límite fijado, se pasa a la etapa de acusación, donde es posible reducir la velocidad de conexión, restringir temporalmente el acceso a la red, o mostrar mensajes que obliguen al cliente a comunicarse con la compañía. Es que el objetivo de las entidades gestoras de copyright es educar a los suscriptores acerca de lo que llaman robo de contenidos.

Según los datos aportados durante la firma del acuerdo, “cada año, el robo de contenido cuesta a la economía de los Estados Unidos más de 373 mil puestos de trabajo, $ 16 mil millones de ingresos perdidos y $ 3 mil millones en pérdidas federales, estatales y locales de ingresos fiscales del Estado”. Claro, siempre teniendo en cuenta que la idea es resguardar sus modelos de negocio, en lugar de adaptarse a los nuevos tiempos.

Si ya la posibilidad de sancionar a los supuestos infractores es polémica, todavía lo es más el sistema de apelaciones. El acusado tiene derecho a solicitar una revisión del caso, pero efectuando un pago de 35 dólares. Esto puede resultar problemático si se recibe un número importante de reclamos falsos, que hasta podrían ser generados por las propias empresas para lucrar con las revisiones.

Y esa es una cuestión crucial, si tenemos en cuenta que varios fallos ya determinaron que una dirección IP no equivale a una persona o que el titular del servicio no siempre está al tanto del uso que le dan a Internet todos los usuarios. Para colmo, el agravante es que la decisión final corre por cuenta del proveedor, lo cual puede prestarse a abusos por más cuidado que se haya tenido al elaborar la iniciativa.

Foto: Mario7

El camino que está tomando Francia al respecto de las descargas, personalmente, me llama mucho la atención porque está superponiendo medidas que pueden parecer contradictorias (concienciación y castigos, multas tabuladas e indemnizaciones a los autores, etc). A la industria musical francesa todas estas medidas le parecen pocas y quieren ir más allá, quieren ya un bloqueo preventivo (emulando otras medidas europeas) y así se lo han transmitido al gobierno y a Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet), que es el organismo competente en esta materia. Ante tanta presión, Hadopi ha explotado y ha lanzado una dura respuesta a los productores musicales franceses: “no se metan en lo que no les incumbe y dedíquense a generar una oferta legal de contenidos digitales”.

Una muy buena respuesta, desde mi punto de vista, para un lobby que no para de presionar a los gobiernos para legisle a su medida en vez de adaptarse y apostar por nuevos modelos de negocio. El origen de esta polémica lo tenemos en unas declaraciones que realizó Marc Guez, el director de la asociación de productores discográficos (SCPP) en una entrevista, en la que comentó que:

La lucha contra las descargas ilegales debe pasar a un nivel superior y cortrar las descargas directas, no únicamente el P2P. Estamos trabajando en programas de filtrado de contenidos que podrían instalarse en empresas y hogares para evitar este tipo de descargas directas

Los productores quieren que se bloqueen, mediante filtros, las páginas de descarga directa de contenidos, ya sea a nivel global (mediante un filtrado impuesto por el Estado) o a nivel particular, con aplicaciones de filtrado instalada en los equipos de los usuarios; pero en ambos casos necesitan un cambio en la legislación vigente porque, por ahora, lo único que se bloquea en Francia son las páginas relacionadas con el juego ilegal y la pornografía infantil.

Hadopi, además de mandar a callar a los productores, intentó poner algo de mano izquierda en sus declaraciones alegando que han barajado todo tipo de actuaciones para luchar contra las descargas de contenidos pero que la implantación de un filtro de contenidos es una decisión que está muy por encima de los productores de música o del propio Hadopi y que necesitan estudiarse detenidamente para ver cómo afectan a la libertad de expresión, la neutralidad de la red y la salvaguarda de la vida privada de los usuarios.

En fin, parece que aunque los mandó callar, es una opción que han barajado, afortunadamente el Consejo Nacional Digital de Francia no le da luz verde a este proyecto y solicita una revisión del mismo.

La MPAA, entre la que se encuentran Disney, Warner, Sony o Universal, ha inyectado en lo que va de año hasta 400 mil dólares a diversos departamentos del gobierno como son el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional o la misma oficina del Vicepresidente Biden. El motivo, impulsar la implantación de los tres avisos (como Hadopi) y erradicar el uso del streaming en el país.

El informe divulgado por la propia MPAA va más allá, ya que se describe con exactitud el último movimiento de la organización con más activos del país sobre los derechos de autor. Las compañías que intentan cambiar la legislación en pos de un endurecimiento de las infracciones por copyright son Disney, Sony, Warner, Paramount, 20th Century Fox y universal. Todas juntas han llegado a esta cifra llegando a “donar” incluso al despacho de Joe Biden, conocido por su apoyo a las penas mayores por las infracciones en la red.

El motivo detallado no es otro que convertir las actividades ilícitas en un delito grave, marcando el streaming como una de las prioridades. Lo que pide la organización es un estudio y vigilancia de aquellas IP que puedan resultar presuntamente culpables para acabar directamente con aquellos sitios generadores de ingresos. Un nombre propio sobresale en el informe repetidas veces, Rapidshare. De esta forma sitúan al mismo como ejemplo del conjunto de cyberlockers que están dañando a la industria.

Otro de los temas con los que presionan es con la aplicación de una ley similar a Hadopi. Una regulación con un régimen de tres avisos y desconexiones y que vendrían a tirar por tierra las propias palabras de la ONU hace una semana. Aunque quizá y muy probablemente, en Estados Unidos pese más la voz de la MPAA que la de la ONU.

Sorprendente lo que hoy se aprueba en el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas. Un alegato en contra de todas las regulaciones que están en marcha en los diferentes países para erradicar el intercambio de archivos en la red. En el mismo, sitúan a la Ley de Economía Digital en el Reino Unido o la misma Hadopi de Francia como regulaciones desproporcionadas que chocan y violan los derechos humanos y se pide a los estados que derogen o enmienden todas las regulaciones en curso.

El informe, titulado “Reporte Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y opinión”, desmenuza cada una de las medidas que están en marcha por los diferentes gobiernos para castigar la infracción sobre los derechos de autor en la red. Situando como “muy grave” el que se pueda llegar a negar a los ciudadanos el acceso a Internet. El informe dice así:

Si bien las propuestas en marcha bloquean y filtran a los usuarios de contenido específico en la red, los estados también han adoptado medidas para cortar el acceso a Internet por completo. Cortar a los usuarios este acceso, independientemente de la justificación que se presente, ya sea por derechos de autor u otras causas similares, es una medida desproporcionada y por lo tanto una violación del artículo 19, apartado 3, del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos.

Estas medidas también están incluyendo una legislación basada en el concepto de “respuesta gradual” (Hadopi o la Ley de Economía Digital) que impone sanciones a los infractores de derechos de autor, dando lugar a la suspensión del servicio de Internet

Instamos a los estados a derogar o enmendar las leyes de derechos de autor intelectual que permiten a los usuarios su desconexión y que se abstengan de adoptar dichas leyes

Toda una declaración a la que sólo podemos sumarnos y darle la bienvenida. El informe, por encima de leyes o actividades ilícitas de algunos usuarios, hace hincapié en los derechos de los ciudadanos por encima de los de la industria de la música o el cine que son precisamente para las que están conformadas estas leyes. Veremos si sirve de algo.

Tras la reunión finalizada por la cumbre del G8 en la que se discutió sobre el futuro de Internet, la sensación general es la de un tiempo, el que se aproxima, con leyes aún más reguladoras que las actuales, donde el avance en la red seguirá marcada muy de cerca por las leyes de protección de la propiedad intelectual. Todos los países se mostraron de una u otra forma conforme con aumentar esa protección a través de nuevas leyes, todos menos uno. Rusia y su presidente fueron las únicas voces disonantes en el discurso final.

De entre las recomendaciones escritas que finalizaron en la declaración final, el “compromiso renovado para la libertad y la democracia en la red”, se habló claramente del futuro por el que aboga el grupo. En la sección 15 del escrito se destacaba la regulación en la red de la siguiente forma:

… con respecto a la protección de la propiedad intelectual, y los derechos de autor en particular, las marcas, patentes y secretos comerciales, reconocemos la necesidad de tener leyes nacionales y marcos para una mejor aplicación. Estamos renovando así nuestro compromiso de garantizar una acción eficaz contra las violaciones de la propiedad intelectual y los derechos en el ámbito digital, incluidas las medidas que se ocupan de las infraestructuras actuales y futuras…

Un mensaje apoyado por, entre otros, el propio Sarkozy, autor de la Ley Hadopi francesa y los grupos de presión conocidos como pueden ser la RIAA o la MPAA (de la que hace muy poco declaró el valor que le da a la cultura). Como decía al principio, solo Rusia y la voz disonante de su presidente Dmitry Medvedev se mostraron reacios a las futuras regulaciones. Aunque sus palabras no fueron reflejadas en el escrito final, son las únicas que suenan realmente a aperturismo y avance sobre modelos que actualmente no son compatibles con la realidad actual. Estas fueron sus palabras:

La declaración refleja una posición absolutamente conservadora, hablando de unos derechos de propiedad intelectual que deben ser protegidos de acuerdo a los convenios existentes. Nadie se pregunta esto, pero he declarado muchas veces que, por desgracia, esos convenios fueron escritos hace casi 100 años y son incapaces de regular el conjunto de las relaciones entre el propietario de los derechos de autor y los usuarios

Desafortunadamente, mis palabras no se incluyeron en la declaración, porque, en mi opinión, mis colegas tienen una opinión más conservadora de la necesaria en estos momentos, o tal vez simplemente no utilicen Internet y tienen muy poco conocimiento de él

El pasado sábado Torrent Freak informaba sobre el hackeo de Trident Media Guard, la compañía privada que se encargaba de monitorizar el intercambio de archivos P2P de forma oficial en Francia, algo que encargó el propio gobierno con la intención de aplicar la llamada ley HADOPI, la cual permite legalmente a las autoridades identificar a los usuarios que realicen descargas con el fin de multarles o cortarles la conexión a Internet.

La noticia era todo un bombazo ya que podría alterar el desarrollo de la llamada ley de los 3 avisos (3 strike), algo que parece que ya ha hecho ya que Numerama, publicación francesa especializada en P2P, informa que tras la fuga de datos, la agencia HADOPI habría suspendido la colaboración con Trident Media Guard.

TF informa de que habría sido la propia publicación Numerama la que habría hecho ver a la agencia que los datos, incluyendo direcciones IP, podrían haber sido comprometidos.

Tras este anuncio, Eric Walter, secretario general de la Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet (HADOPI) y amigo personal del presidente Nicolás Sarkozy, habría confirmado la suspensión de dicha colaboración, suspendiendo provisionalmente la aplicación de la ley de los 3 avisos. El motivo principal es que Trident Media Guard era la única compañía con licencia para obtener dicha información.

Aún así y aunque los datos posteriores al sábado quedan totalmente invalidados, la información ya obtenida podría utilizarse, pero todo apunta a que no sucederá debido precisamente a la brecha de seguridad. Lo curioso del asunto es que el hackeo producido el sábado fue más bien un error de seguridad por parte de la compañía, que habría dejado las puertas abiertas dando acceso a scripts y de ahí al resto de información.

Por tanto la ley y aplicación de medidas quedan en pausa, algo que seguramente salpique al presidente Nicolás Sarkozy debido a su particular empeño en que el proyecto saliera adelante y a su negación a dialogar con los principales medios y agencias opositoras a la creación de la ley.

La presión del lobbie estadounidense para asegurar modelos y leyes que restrinjan los usos de intercambio de archivos en la red y salvaguarden los modelos de negocio de la industria del entretenimiento, tuvieron en Nueva Zelanda un efecto sin precedentes. Según cables de WikiLeaks, la embajada de Estados Unidos presionó al gobierno del país desde el 2005 hasta la ley que se conformó hace unos días, financiando y ofreciendo fondos para su construcción y redactando el proyecto de ley.

Al paso que vamos, podemos encontrarnos a finales de este año con una lista extensa de países con leyes reguladores de los derechos de autor promovida y auspiciada por Estados Unidos. España, Suecia, Canadá y ahora Nueva Zelanda son algunos de los países que este año han modificado o modificarán leyes para implementar un sistema de regulación en la red, todas ellas, en claro favor o bajo presión del lobbie estadounidense.

El caso que nos ocupa en Nueva Zelanda sale a la luz unas horas después del cable de WikiLeaks donde se revelan las presiones ejercidas en Canadá para aplicar medidas a los derechos de autor, llegando incluso a intentar avergonzar al gobierno canadiense para que actuará con celeridad. La nueva filtración demuestra como Estados Unidos ofreció la reciente ley aprobada, una regulación basada en la Ley Hadopi por la que los usuarios tienen un sistema de tres avisos por vulneración del copyright por parte de los ISPs hasta un corte definitivo con multa por un tiempo pasados los avisos.

No sólo eso, el gobierno estadounidense se comprometió a aportar hasta 500.000 dólares neozelandeses para financiar las acciones y configurar la ley. Desde presiones en el año 2008 (momento en el que se aprobó el primer proyecto de ley reguladora) donde se exponían las “deficiencias” de la ley aprobada, hasta apoyos a los miembros del gabinete que estaban por la labor de redactar una regulación.

En el año 2009 y no contentos con la situación que se daba en Nueva Zelanda, el cable revela el siguiente escrito de la embajada:

A lo largo de los últimos tiempos, la Embajada siguió reuniéndose con las partes interesadas sobre los derechos de propiedad intelectual para determinar los procesos y promover la resolución, una disposición viable. La respuesta de los ministerios ha sido satisfactoria y nos han dado garantías de seguir comprometidos. La embajada insiste en la necesidad de una línea de tiempo más corta y en determinar los detalles de un período de notificación. Hemos propuesto la redacción de la propuesta de proyecto de Ley para evitar percepciones erróneas sobre la protección de los derechos de autor.

El cable finalmente pone de manifiesto la voluntad de Estados Unidos a pagar los más de 500.000 dólares neozelandeses para financiar a la industria discográfica la ejecución del proyecto.

Como decía al principio, lo que tenemos delante es la confirmación de un secreto a voces. Todas las leyes que se están construyendo en base a regular la red tienen un mismo origen. En este caso además, se revela que a las medidas de presión se añadió una posible financiación y la redacción completa de la ley. A estas alturas no creo que debamos tener ninguna duda de al importancia de Estados Unidos para prácticamente la totalidad de países de occidente, llegando a conseguir modificar leyes impopulares que se anteponen a otros derechos como el de la privacidad.

Casos como el que nos llegan hoy nos vienen a decir lo terriblemente incoherente que resultan las leyes que intentan imponer los gobiernos. Melissa Lee fue una de las políticas más activas para que se acelerara la ley que promulga estos días Nueva Zelanda. Pues bien, la mujer acaba de ser “pillada” a través de un tweet que realizó el día antes a las votaciones desde su cuenta de Twitter infringiendo el copyright. En el mismo revelaba: “Escuchando la recopilación de grupos coreanos pop que me hizo un amigo”.

Similar en la forma a la ley Hadopi francesa, la regulación de Nueva Zelanda se basa en tres envíos, tres avisos antes de un corte de un período máximo de 6 meses para aquellos que vulneran los derechos de autor en la red. En este caso, la Ley se endurece aún más, ya que a diferencia de lo que lo que conocemos bajo el marco legal como “presunción de inocencia”, en el país cambia a su sentido inverso, pasando a conformarse la ley a través de la “presunción de culpabilidad”, es decir, los ISPs podrán actuar sobre el ciudadano si existe reclamación (no hace falta demostrarlo) y este será culpable hasta que no demuestre su inocencia.

Dicho así suena terrible, pero quizá con el caso que se da hoy quede aún más en entredicho la gravedad de un despropósito de ley como la que nos ocupa. Que sea el propio miembro del Parlamento, una de las más firmes defensoras de una ley así, la que escenifique la sinrazón de la regulación tiene difícil explicación. Se me ocurre que, o bien esta señora no sabía lo que votaba, cosa que espero que no sea así porque resultaría aún más grave, o simplemente se trata de la realidad en la que vivimos, ese doble rasero de los políticos en firmar y configurar leyes que ni ellos mismos se creen. En la red no para de circular el siguiente vídeo donde Melissa Lee, un día después del “fatídico” tweet, comenzaba una encendida defensa por esta ley express creada:

Una noche antes, el tweet que la “delató” ponía lo siguiente:

Ok, Ducha… Lectura… y cama!!! Escuchando la última recopilación de grupos coreanos pop que me hizo un amigo. Gracias Jay

Lee ya se ha defendido, pero en contra de lo pudiéramos pensar, ahora modifica su discurso argumentando que compartir un CD o un DVD es un tema sensible. Creo que lo es sensible de verdad son las normas con las que se está regulando tanto la red como a los propios usuarios, normas en las que todos estamos en el mismo saco, incluidos los mismos políticos. ¿Le aplicarán a Melissa el primer aviso con la ley en la mano?

La infame ley Hadopi del Gobierno francés, esa regulación por la cual se corta el acceso a Internet y se penaliza con multas al usuario, recibió ayer una vulnerabilidad cargada de ironía. Paul Da Silva, presidente del Partido Pirata Francés, consiguió demostrar ayer que ni el supuesto organismo encargado de asegurar las redes sin “piratería” estaba exenta de errores. Da Silva modificó el logotipo y el motor de búsquedas de Hadopi y lo transformó en la web The Pirate Bay.

Tal y como cuenta Da SIlva, la acción viene dada para mostrar lo terriblemente incoherente que resulta Hadopi. Desde el mismo momento que entró en vigor el año pasado ya tuvo sus primeros problemas, el organismo había olvidado solicitar la licencia para obtener la fuente del logotipo el día de su lanzamiento.

Da Silva explica también que cuando encontró la manera de “explotar” la web se acordó de uno de los movimientos tomados por el organismo. Para concienciar a la gente de utilizar descargas autorizadas de películas y música, desde Hadopi pusieron en marcha un motor de búsqueda en la web a principios de esta semana. Un motor en la home que dio pie a esta “broma” de Da Silva, consiguiendo el exploit en tan sólo diez minutos, el tiempo que tardó en encontrar una vulnerabilidad XSS que sustituía el motor de Hadopi con el de The Pirate Bay. El presidente del Partido Pirata lo explicaba así:

Desde hace tiempo hemos estado diciendo a los miembros empleados del Parlamento Europeo y de Hadopi que lo que le solicitan a los ciudadanos franceses es imposible, no se puede garantizar Internet seguro. Serían necesarios demasiados expertos e incluso así, todavía se enfrentarían con el problema de la suplantación de las IP

Ellos nunca se molestaron en escuchar esto, así que estoy tratando de probar que ni el propio alojamiento de Hadopi es capaz de cumplir con el nivel de seguridad que quieren los ciudadanos. Esta es la segunda vez que encuentro vulnerabilidad, a la tercera deberán cortar su Internet (en alusión a las propias reglas de Hadopi con tres llamadas antes del corte a un usuario)

El concepto de piratería siempre ha ido de la mano de la palabra robo. Desde tiempos de “Barbanegra” cuando se hablaba de piratas se asociaba a bucaneros sin escrúpulos que pasaban la vida navegando, borrachos y robando. Los años han pasado pero parece que ciertos políticos siguen empeñados en asociar a los nuevos navegantes, los que utilizan el ciberespacio, con esa imagen de ladrones sin escrúpulos.

Como también los tiempos han cambiado la forma de protestar, manifestarse y demostrar que ese concepto es erróneo. PirateBox viene a demostrar precisamente esto, compartir no es robar. El propio autor, el artista David Darts, lo define de la siguiente manera como nos traducen nuestros compañeros de Alt1040:

…Un dispositivo autocontenido de colaboración móvil y de intercambio de archivos al estilo P2P. Simplemente enciéndelo para transformar cualquier espacio en una red libre y abierta para el intercambio de archivos.

Incluso el propio concepto de la PirateBox es libre y gratuito. Una caja cerrada (en el ejemplo un maletín metálico) que contiene un servidor Debian que carga un servidor web creado con Python. Para proporcionar conectividad usa un router inalámbrico que incluye el firmware libre DD-WRT Linux. Sin duda un ejemplo se software libre.

Un vídeo sobre su funcionamiento aclarará un poco más el concepto:

Compartir no es robar, y de hecho personalmente creo que un concepto similar a éste se podría comercializar para ofrecer contenido y acercar cultura al usuario final de calidad, libre y sin trabas burocráticas.

Hasta ahora y según va avanzando la infame Ley Hadopi, sus pesquisas iban dirigidas a las descargas de música y vídeos a través de las redes P2P. Esto podría cambiar si finalmente el Gobierno accede a las presiones de los editores en el país, quienes verían con buenos ojos que Hadopi se trasladara también a perseguir las descargas de libros electrónicos.

Al parecer, tal y como cuentan en El País, un grupo de editores estaría buscando una empresa que se encargara del rastreo de los archivos con contenidos de libros para enviárselo a las autoridades, método similar al utilizado hasta ahora por la industria del cine y las productoras musicales en Francia. Aunque resulta irónico que el principal problema con el que se encuentran para llevar a cabo su investigación radica en que el coste de la propia investigación supone un mayor gasto que el número de libros descargados.

Actualmente la Ley Hadopi se encuentra en su segunda fase/aviso, momento en el que se están enviando los ‘toques de atención’. A la tercera se le cortará el acceso a la red al usuario que hubiera sido advertido. El problema principal de esta norma promovida por Sarkozy tiene que ver con el trasvase con el que se han encontrado. Los usuarios han pasado masivamente a dirigir sus descargas a los servicios de descarga directa como Megaupload o Rapidshare en detrimento de las P2P. Un movimiento que no ha pasado por alto en el Gobierno, quienes ya han comentado que posiblemente se “retoque” la Ley para incluir cualquier “comportamiento de reproducción o disposición de contenidos con derecho de autor”. ¿Os suena no?

Sin tener que valorar algo tan difuso como puede ser diferenciar los conceptos de comportamientos, autores, derechos de autor… el otro gran problema reside en el origen de los servicios de descarga directa. La gran mayoría se encuentran alojados fuera del territorio francés, y por lo tanto los rastreos pierden cualquier tipo de información al no encontrarse las direcciones, ya que están en manos de la compañía que da el servicio. En cualquier caso parece claro el nerviosismo que existe actualmente entre los editores. ¿Realmente tienen miedo a las descargas o miedo al producto (libro electrónico) que venden y sus vías de difución?

Vía: El País

En plena resaca tras el batacazo de la Ley Sinde en el congreso, el cerco a Internet vuelve a estrecharse, pero esta vez en Francia. La SGAE española sería feliz si en vez de estar en España, estuviesen en el país galo, porque lo del gobierno de Sarkozy y la defensa de los derechos de autor (y las entidades gestoras) parece una relación sólida y duradera (al menos mientras siga este gobierno). A estas alturas, creo que todo el mundo más o menos conoce la legislación francesa en esta materia, la famosa Ley Hadopi, que permite identificar a los usuarios que se descargan material sujeto a derechos de autor, multarles o, directamente, cortarles la conexión a Internet.

Con este marco legal, no era de extrañar que no hubiese que esperar mucho para que saltasen los primeros datos relativos a las actuaciones de la Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet (conocida por Hadopi, acrónimo de Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet), que es la entidad encargada de advertir y, sobre todo, controlar a los usuarios franceses. Pues bien, desde el pasado mes de noviembre, este organismo ha enviado ya unas 100.000 advertencias a usuarios sospechosos de realizar descargas ilegales. ¡100.000 correos electrónicos de advertencia en apenas dos meses!, casi ¡unos 2.000 correos al día!.

¿Tantos piratas hay en Francia? ¿es esto normal?, bueno, según la industria audiovisual francesa, esto es poco, porque tan sólo supone un 3% del total de usuarios de Internet del país, ya que las entidades gestoras presentan unas 70.000 denuncias diarias. Personalmente, que un organismo lance 2.000 correos al día me parece un envío de SPAM gubernamental casi sin precedentes.

¿Y qué dice la misiva de Hadopi?, básicamente, sermonear a los ciudadanos franceses para no descarguen contenidos, así de simple y de directo:

Su acceso a internet ha sido utilizado para poner a disposición, reproducir o acceder a obras culturales protegidas por un derecho de autor

La misiva añade que el titular de la conexión es la personal legalmente responsable de la misma, por lo que debería proteger el acceso a ésta y darle un buen uso. Lo inquietante, es que ¡el 15% de los ciudadanos que han recibido el correo electrónico de advertencia contestó disculpándose!.

Bueno, ¿y cómo funciona este proceso?, originalmente el gobierno francés pretendía que Hadopi estuviese facultada para actuar sobre los internautas que, de manera reincidente, descargasen contenidos sujetos a derechos de autor. Afortunadamente, el Consejo Constitucional la tumbó y hubo que modificarla para introducir al poder judicial dentro de la ecuación. Actualmente, Hadopi cuenta con un equipo de tres juristas que se encargan de dar forma legal a cada caso y presentarlos ante un juez, de tal forma que el proceso vigente es de la siguiente forma:

1. Si se detectan descargas “ilegales”, Hadopi enviará un primer correo electrónico de advertencia (y concienciación del usuario).
2. Si el usuario persiste, entonces se le volverá a enviar una notificación por correo electrónico y por correo certificado, para que quede constancia escrita de la advertencia.
3. Si tras los dos avisos, el usuario mantiene las mismas prácticas, Hadopi traspasará el caso al juez habilitado a tal efecto que podrá multar al usuario con 1.500 € (casi 2.000 $) y una restricción temporal de acceso a Internet, es decir, el corte de su conexión.

Lo preocupante del proceso, además de la multa, es que si a alguien le cortan la conexión, éste tendrá que seguir pagando el servicio a su operador aunque no pueda usarlo mientras dure la sanción, además de no poder darse de baja de éste y solicitar el alta en un operador distinto.

Cuesta creer que en la tierra de la liberté, égalité, fraternité, los usuarios sean sermoneados de esta forma y con un régimen sancionador que parece sacado del patio de un colegio. De todas formas, que alguien sea “sospechoso” es bastante discutible, salvo que se pongan a analizar el tráfico de todos los abonados del país y el contenido de la descarga. Por cierto, todo este aparato gubernamental para enviar correos electrónicos de advertencia ha costado 12 millones de euros, casi nada.

Vía: Le Figaro y Cibersur

Jamendo, portal dedicado a la distribución de música bajo licencia Creative Commons, ha presentado una interesante iniciativa en respuesta a la restrictiva ley que se está cociendo en Francia para reprimir a todo aquel que use redes peer to peer. La HADOPI, así bautizaron la ley, contempla controlar a los usuarios mediante un “Castigo gradual”. En contraposición Jamendo propone un “Agradecimiento gradual” a sus usuarios que consiste en los siguientes puntos:

• HADOPI amenaza con enviar email de amonestación a los que se descarguen contenido de redes P2P. Jamendo enviará un e-mail de agradecimiento a todos los internautas que hayan descargado una de las 200.000 canciones disponibles. Una forma de estimular a los internautas para que compartan música.

• La HADOPI también prevé mandar cartas certificas. Por su parte Jamendo enviará una carta de agradecimiento junto con un “kit del cómplice” con pegatinas y documentación. Se lo enviarán a los “descargadores” más fieles.

• HADOPI contempla el corte de conexión a Internet para aquellos que sean reincidentes en sus conductas de descarga. Jamendo reembolsará la cuota de conexión a aquellos que ayuden a encontrar bares, restaurantes o tiendas interesadas en convertirse en espacios donde difundir música de Jamendo PRO.

Otros que se unen al barco de la lucha contra las leyes coercitivas, a su manera e intentando explotar su modelo, algo que me parece perfectamente legítimo. A ver si los de la industria se empiezan a enterar de una vez que hay que evolucionar, hay otras formas de explotar la música comercialmente sin terminar con la privacidad de los usuarios y aplicar leyes del medievo al siglo veintiuno.