El año pasado, conocimos un llamativo acuerdo voluntario entre las entidades gestoras de derechos de autor estadounidenses y los proveedores de Internet de dicho país, a través del cual se proponía implementar una política de seis strikes para evitar la piratería. Finalmente, se decidió que dicha iniciativa comenzará a funcionar a partir de julio, aunque el arranque definitivo depende de los ajustes técnicos que harán los ISP.

El plan definitivo, conocido oficialmente como Copyright Alert System, propone una serie de etapas para disuadir a los usuarios de descargar contenidos protegidos. Inicialmente eran seis pasos a seguir, pero se introdujeron variantes que ya no sólo incluyen avisos por correo postal, sino también advertencias que serán mostradas a través de redirecciones dentro del propio servicio que se ofrece a los clientes.

Cada vez que un propietario de derechos de autor advierta a un proveedor de que un usuario estaría realizando descargas de archivos con copyright, la primera etapa será el envío de material educativo por correo. Si no existe respuesta alguna, podrá reenviarse el mismo y hasta solicitar una confirmación de que el mismo llegó y fue comprendido en su totalidad, ya que allí también se detallan los riesgos de continuar con dicho accionar.

¿Y cuáles son esos riesgos? La penalidad más baja consiste en mostrar pop-ups durante la navegación, mientras que las instancias superiores implican la redirección permanente a una página de advertencia o la disminución de la velocidad de acceso. En ningún caso se cancelará el servicio, algo que podría generar una avalancha de demandas si no se contara con las pruebas suficientes.

La medida fue impulsada por la RIAA y la MPAA, junto con estudios y sellos independientes, quienes lograron el acuerdo con firmas como AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable o Verizon. Si bien los efectos pueden ser menores a los que podía ocasionar la aprobación de la ley SOPA… ¿es realmente justo que este tipo de infracciones se determine fuera de una instancia judicial?

Desde el cierre de MegaUpload, los servicios de alojamiento de archivos se encuentran en la mira más que nunca, por la posibilidad de que los usuarios suban allí contenidos que se encuentran protegidos por copyright. RapidShare es uno de ellos, algo que queda bien claro con la cantidad de batallas judiciales que libró. Aunque ganó muchas, en esta ocasión ocurrió lo contrario y ahora deberá implementar un mecanismo muy molesto: el filtro de contenidos.

Esto se debe a que una Corte Regional de Hamburgo confirmó tres veredictos judiciales de instancias inferiores, relacionados con causas que iniciaron editoriales y discográficas. Si bien en casos anteriores se determinó que la firma no es responsable por las cargas que realice el público, aquí se determinó que no está haciendo lo suficiente para evitar las violaciones de los derechos de autor.

En consecuencia, la compañía se verá obligada a filtrar el material que se cargue en sus servidores, lo cual abarcaría a miles de títulos que deberían ser bloqueados inmediatamente en el momento de la subida. Algo que, no sólo implica el riesgo de abusos como los que ya denunciaron IsoHunt y Hotfile, sino que también puede ser burlado con mucha facilidad al modificar el nombre de los archivos.

Todavía se desconocen los fundamentos del veredicto, algo que le da a RapidShare la esperanza de apelar y revocar la sentencia. No olvidemos que, el mes pasado, un fallo de la Corte de Justica Europea dictaminó que los cyberlockers no pueden censurar previamente los ficheros porque eso sería una violación de la privacidad de los usuarios y del derecho a la libre información.

De todas maneras, la empresa siempre se ha mostrado proclive a colaborar con la Justicia y evitar todo tipo de suspicacias, dejando de otorgar premios a las descargas populares o cerrando cuentas de quienes tuvieran infracciones constantes. Por esos motivos, incluso cuando este fallo se confirme en su contra, sus propietarios no creen que el servicio corra peligro. Ojalá que se resuelva de una manera realmente equitativa para todos.

Desde hace tiempo YouTube implementó una herramienta que se encargaba de analizar automáticamente los vídeos que se van subiendo al portal para verificar si el vídeo podía contener alguna canción con derechos de autor. Este sistema que busca proteger los derechos de autor parece que no funciona del todo correctamente. Más de un usuario ha recibido un mensaje de aviso en un vídeo que tenía algunos acordes, pero la cosa ha ido más allá y según cuenta un usuario ha recibido un aviso de posible infracción de derechos de autor en la que no hay ningún tipo de música.

El usuario explica en los foros de soporte de YouTube este hecho y adjunta el enlace al susodicho vídeo.

Cómo puedes ver en el vídeo no hay ningún rastro de una canción, tan sólo los ruidos que hace el usuario mientras manipula los elementos dentro de un cubo. ¿Quizá ha sido por los cantos del pájaro?

Más allá de este propio casos muchos han sido los usuarios que han dicho recibir avisos falsos. Realmente esto no es algo demasiado nuevo, recuerdo que hace algo más de un año yo recibí uno de estos avisos sin contener música con copyright, ya que el vídeo tenía de fondo una canción con copyleft. En muchos de los casos el vídeo no es borrado, simplemente se responde a la petición por parte de YouTube y ahí queda el asunto la mayoría de las veces, sin embargo esto es un sólo caso.

Sea como fuere, que se estén produciendo tantos avisos de forma incorrecta quiere indicar que esta herramienta de YouTube se ha quedado obsoleta y los ingenieros del popular servicio de vídeos tendrán que realizar una actualización para que la situación no se descontrole. Ya que los falsos positivos puede ser perjudicial para todas las partes, por un lado para los usuarios que reciben estos molestos avisos, por otro lado para los dueños de los derechos —que ven como la herramienta es menos eficaz— y por supuesto, también para YouTube, ya que tener algo que no funciona bien nunca es bueno.

Y es que tras la regulación (fallida) conocida en Francia como Hadopi o 3 strikes, se ha dado paso a movimientos en los que se intenta estrangular la vía económica de las descargas en streaming.

Estas tres organizaciones representan los derechos de compañías de cine y televisión acudiendo a los tribunales con el único fin de bloquear una serie de sitios en streaming y de descarga directa DDL. Serían APC, L’Association des Producteurs de Cinéma, FNDF, La Fédération Nationale des Distributeurs de Films y SEVN, Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique, las que buscan este insólito intento en Europa.

De tener éxito la queja, el movimiento podría extenderse con otras tantas peticiones de sitios en la red. De entre las peticiones al bloqueo se apunta a MegaVídeo y MegaUpload aunque está por confirmar ya que la lista no se ha hecho pública.

Por otro lado, la petición reclama la actuación de los grandes nombres de Internet como son Google, Yahoo, Microsoft o los proveedores como Orange o Telecom, los cuales podrían tener que bloquear a los suscriptores de estos sitios de acabar con éxito la reclamación. Veremos en qué acaba y cuál es la respuesta de ISPs y compañías a las que intentan implicar.

De esta manera, en Europa al menos, un juez no podría ordenar a un proveedor de servicio a actuar con filtrados o vigilancias en la red en busca de posibles infractores o descargas ilegales de material protegido con copyright.

La razón es la que tanto hemos defendido en otras ocasiones. Este tipo de actuaciones chocan directamente con los derechos fundamentales de los usuarios, con la protección de datos como clientes a una ISP y a la propia privacidad del individuo en la red. De manera resumida, la declaración del Tribunal indica que los ISPs no pueden ser obligados a llevar a cabo un sistema de filtrado:

– Que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela.
– Con carácter preventivo;
– Exclusivamente a sus expensas y sin limitación en el tiempo.

Por otra parte y de manera indirecta viene a darle la razón al conjunto de empresas como Google, Mozilla, Facebook o Twitter, quienes ven inviable a SOPA entre otras cosas por hacer de las compañías de “guardianes” de la red obligándoles a vigilar lo que se dice o se hace en Internet.

El fallo ha llegado con motivo del litigio que se mantenía desde el 2004 entre el proveedor Scarlet y la sociedad de gestión de derechos de autor Sabam. Un juez llegó a emitir una orden para que Scarlet actuara sobre sus clientes presuntos infractores a través de una red P2P. El ISP apeló al tribunal de Bruselas y este pidió consulta al TJUE.

Les dejo con parte de la sentencia que dice así:

El requerimiento judicial por el que se ordena establecer un sistema de filtrado implica supervisar, en interés de los titulares de derechos de autor, la totalidad de las comunicaciones electrónicas efectuadas en la red del proveedor de acceso a Internet afectado, supervisión que, además, es ilimitada en el tiempo. Dicho requerimiento judicial implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa de Scarlet, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, permanente y exclusivamente a sus expensas… el sistema de filtrado también puede vulnerar los derechos fundamentales de sus clientes, a saber, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, derechos que se encuentran protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea…

… finalmente, no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, el derecho de propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

Esto es exactamente lo que demuestra un estudio llevado a cabo desde TorrentFreak. Basándose en los datos que dicen que Netflix ha superado a BitTorrent en términos de cantidad de tráfico generado. El estudio sumó a los usuarios de ambos servicios. El resultado, sorprendente, demuestra que aún así la MPAA sigue siendo un “servicio” muchísimo más caro que la presunta “piratería” que acabaría con el negocio de la industria.

La pregunta que se hicieron fue la siguiente: ¿qué pasaría si todos los usuarios de BitTorrent que descargan películas se cambian a Netflix? ¿qué pasaría si la “piratería” de filmes a través de BitTorrent desaparece?

Para ello y para que el estudio fuera lo más efectivo posible, tiraron siempre a favor de la industria del cine con el fin de maximizar su potencial de beneficios. Unieron Netflix como reemplazo de BitTorrent porque probablemente es la plataforma que más se acerca a lo que piden los usuarios.

Relación entre BitTorrent y películas

El primer paso fue observar cuánto tráfico de BitTorrent está relacionado con el cine o los programas de televisión. Para ello partieron de la base de que todo el tráfico en BitTorrent no está autorizado (no es así, es evidente) con el fin de tirar para la industria.

Los últimos informes sobre BitTorrent emitidos por la propia MPAA hablan de un 35,2% como el porcentaje de torrents referentes a películas. Otro 12,7% sería el relacionado con programas en televisión. Si sumamos ambos, tendríamos un 47,9% de torrents referentes a vídeos. De este porcentaje y volviendo a tirar por lo alto, el estudio dice que un 85% es material infractor (seguro que no llegaría a esas cifras).

Comparando el tráfico de BitTorrent con el de Netflix

El último informe aportado por la compañía Sandvine muestra como el 16,5% del tráfico total diario de Internet en Estados Unidos viene de BitTorrent, dado que el tráfico llega de subidas y descargas, el 8,75% sería de descargas, poco menos que el 7,5% (el 85% comentado de 8,75%) de todo el tráfico total de Internet en Estados Unidos sería el formado por las descargas de vídeos a través de BitTorrent.

El mismo informe de la compañía muestra que el 23,3% del tráfico total de Internet al día llega de Netflix. Un 95% de este porcentaje es de bajada evidentemente, por lo que haciendo el promedio, aproximadamente un 22,5% de todo el tráfico de bajada de Internet en Estados Unidos es de Netflix, tres veces más que el tráfico de descarga de vídeo en BitTorrent.

¿Cuántos ingresos generaría en Netflix el cambio de usuarios?

Entonces y en base a todos estos datos ¿qué significaría en términos de ingresos si todo el tráfico de BiTorrent se traslada a Netflix?

Bien, asumiendo otra vez a favor de los estudios que ambas plataformas consumen la misma cantidad de contenido (que ya vemos que no es así realmente), Netflix podría generar un tercio más de los ingresos actuales. Si nos guiamos del último informe de los accionistas en el último trimestre de 2010, eso se traduciría en 198 millones adicionales para Netflix. Si nos fijáramos en las estadísticas actuales de este tercer trimestre del 2011 los ingresos aumentarían en 266 millones.

¿Y a Hollywood cómo le afectarían estos ingresos?

De acuerdo a los cálculos de beneficio de Netflix, la plataforma se beneficiaría enormemente con la desaparición de la piratería en BitTorrent. Si nos fijamos en los pagos que realizó en el 2010 la plataforma a los estudios, Netflix pagó 181 millones en derechos de licencias. Si añadimos una tercera parte con los datos de este supuesto “trasvase” de usuarios, la industria habría ganado 60 millones adicionales.

Aún así y con todo, el presupuesto anual de la MPAA es mayor que todo eso. Ninguno de los contratos de licencia de los estudios supera los cerca de mil millones de dólares que factura la MPAA cada año. Recalcamos que ni siquiera erradicando la “piratería” en BitTorrent y pasando todos los usuarios a Netflix.

A Hollywood le costaría infinitamente más caro seguir pagando a la MPAA, la misma que promulga que la piratería acabará con el negocio. ¿Vale la pena continuar con esta escalada de leyes y regulaciones para mantener un negocio que se burla de los usuarios? Parece que la pregunta debería ser otra.

Y es que después de salir a favor de la ley y encontrarse con el descontento popular, la BSA ha revertido su apoyo total. Como decía al comienzo, Robert Holleyman, CEO y presidente de la alianza, se expresaba así a través del blog de la BSA. Una carta donde viene a expresar su preocupación por SOPA y la posible repercusión que tendría:

Han existido muchas preguntas válidas e importantes que se han planteado sobre el proyecto de ley. En su forma actual podría abarcar consecuencias atroces. El debido proceso, la libertad de expresión o la privacidad, son derechos que no pueden ser comprometidos.

La BSA ha defendido estar en contra del filtrado o vigilancia de Internet. Instamos a la Cámara de Comité Judicial a que ajuste y reduzca el ámbito del lenguaje de la ley y que resuelva la “duda razonable” sobre la posibilidad de establecer filtrados

SOPA actualmente contiene disposiciones que requieren a los proveedores de servicios de Internet bloquear el acceso a sitios extranjeros que atentan contra el material de derechos de autor, incluyendo medidas destinadas a impedir el nombre de dominio de los sitios extranjeros infractores (o parte de ellos)… Los proveedores de motores de búsqueda serían necesarios para bloquear los sitios infractores que aparecen en sus resultados y las redes de anuncios y procesadores de pagos también tendrían que dejar de trabajar con sitios de la lista negra… Mientras el Congreso continúa su labor con esta legislación será importante encontrar el equilibrio correcto entre los dos grupos de elementos que permitan una acción eficaz contra la piratería online garantizando al mismo tiempo la ley que no impidea la innovación tecnológica o la evolución del software y de Internet, que son los motores fundamentales para el crecimiento económico del futuro.

Más vale tarde que nunca aunque lo que realmente está pidiendo la BSA es que se reescriba o modifique la regulación. De alguna forma siguen apoyando la ley pero con matices. La nota emitida por parte de Holleyman llega un mes después de que la alianza confirmara su apoyo a SOPA a través de una carta. Aún así podemos ver la parte positiva de todo esto. Que una organización tan proclive a los movimiento pro-copyright consideren que SOPA llegaría demasiado lejos es una señal inequívoca de lo terriblemente grave que sería su aplicación.

Atención a la noticia que os cuento a continuación porque tiene su miga. Hace algún tiempo Universal, una de las discográficas más grandes y poderosas del mundo, compuesta por miles y miles de sub-sellos y por lo tanto de un altísimo porcentaje de los derechos sobre artistas, demandó hace tiempo a Grooveshark y les instó a que retiraran los contenidos que se podían encontrar en el popular servicio sobre varios artistas. Uno de ellos era King Crimson, que trataba de retirar su catálogo del servicio musical pero veía que era misión imposible hacerlo. Robert Fripp, su líder, intentó varias cosas, y se armó cierto revuelo en Internet con sitios escribiendo artículos como Digital Music News, que titulaba uno de sus artículos King Crimson no puede sacar su catálogo de Grooveshark.

El problema era que pese a reclamar y Grooveshark responder borrando los contenidos, estos volvían a aparecer prácticamente al instante, llegando Fripp a la conclusión de que era imposible hacer desaparecer el catálogo del servicio. Pues bien. Parece ser que el asunto llegó a oídos de algunos empleados de Grooveshark, y uno de ellos contestó en el mismo sitio que os citábamos. Entonces fue cuando se hace una revelación que a muchos nos coge de sorpresa.

Parece ser que los empleados de Grooveshark tienen un número semanal de uploads para cumplir con su trabajo y en base a ello obtienen incentivos en forma de bonificación económica. Dicho de otra forma, los empleados de Grooveshark estarían recibiendo dinero por subir contenidos, en muchos casos ilegales y de los que se ha pedido reiteradamente la retirada.

Hay más detalles. Los resultados de búsqueda estarían siendo monitorizados y en el momento en el que algo se etiquetara como no disponible pasaría automáticamente a esas colas de las que habla el empleado. La base de datos contiene dos secciones. Material conocido y material underground / independiente. El material conocido siempre se incluye en las tareas de los trabajadores de Grooveshark, y tan sólo el material underground es subido únicamente por usuarios del servicio.

Tras determinadas investigaciones, la demanda interpuesta hace unos días señala directamente al CEO de la compañía, Samuel Tarantino, como uno de los empleados que subió archivos con copyright a su empresa. Concretamente, 1.791 temas protegidos. El vicepresidente senior, Paul Geller, habría subido 3.453 y Benjamin Westermann-Clark habría proporcionado 4.600 pistas en calidad de vicepresidente.

Pueden parecer muchos temas, pero se quedan en nada teniendo en cuenta que la acusación habla de más de 100.000 pistas y también sabiendo que por cada violación de copyright se pide una compensación de 150.000 dólares.

No sé qué pensarán ustedes de estas prácticas, pero creo que de ser cierto, y parece que podría confirmarse muy pronto, Grooveshark debería cambiar sus políticas y forma de actuar. Los abogados de Universal parecen basar su acusación en que no es probable que los usuarios tarden tan poco en subir material que en muchas ocasiones no tendría el tirón y éxito suficientes como para que otros usuarios lo hayan subido.

Y de tenerlo, Grooveshark debería poner remedio a que los usuarios no pudieran subir material protegido, de primeras, y de que se eliminara automáticamente de la base de datos en el caso de que dichos usuarios hayan burlado el primer filtro –mediante archivos etiquetados de forma diferente, etc—. Al fin y al cabo, algunos servicios de alojamiento de archivos llevan tiempo haciéndolo (Rapidshare, etc) y cada vez es más difícil albergar material protegido.

En resumen, Grooveshark debería premiar a sus empleados por eliminar contenido protegido y no por ponerlo a disposición del público, aunque claro, es mucho más rentable que su servicio cuente con una base de datos y librería musical mayores, y alegar que no pueden detener a los usuarios que suben los temas. Apuesto a que deberán solucionar el problema.

Y es que hasta hace unas horas todas las “grandes” del sector se habían expresado de manera velada ante la posibilidad de que las propuestas llegaran a aprobarse. Llegado el día de ayer, todas ellas, ya sea a través de esta carta u otras parecidas, confirman la gravedad del asunto.

El siguiente extracto forma parte de la nota enviada por Facebook, Twitter, eBay, Zynga, Mozilla, AOL y otras tantas que firman por evitar la aprobación de PROTECT IP y SOPA:

Estamos muy preocupados de que los proyectos de ley tal como está escritos socavarían gravemente el mecanismo eficaz que el Congreso promulgó en la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) para proporcionar un refugio seguro para las compañías de Internet que actúan de buena fe para eliminar los contenidos infractores de sus sitios. Desde su promulgación en 1998, las provisiones seguras del puerto de la DMCA para los proveedores de servicios en línea han sido la piedra angular de la Internet en EE.UU. y el crecimiento de la industria de la tecnología y su éxito. A pesar de que trabajamos juntos para encontrar formas adicionales en la infracción de los sitios, no se debe poner en peligro una estructura fundamental que ha trabajado para los propietarios de contenidos y las empresas de Internet que ofrecen seguridad a los innovadores con nuevas ideas de cómo la gente puede crear, buscar, discutir y compartir legalmente la información online.

Estamos orgullosos de ser parte de una industria que ha sido crucial para el crecimiento económico de EE.UU. y para la creación de empleo. Un informe reciente de McKinsey Global Institute descubrió que Internet representa 3,4% del PIB en los 13 países que McKinsey estudió, y, que en los EE.UU., la contribución de Internet al PIB es aún mayor. Si el consumo de Internet y los gastos fueran de un sector, su contribución al PIB sería mayor que la energía, la agricultura, las comunicaciones, la minería o los servicios públicos. Además, la industria de Internet ha aumentado la productividad de las pequeñas y medianas empresas en un 10%. Le rogamos que no arriesguen el éxito o los enormes beneficios que Internet ha traído a cientos de millones de estadounidenses y personas de todo el mundo.

Se puede decir más alto pero no más claro. La aprobación no sólo repercute en los negocios y empresas en Internet, sino que afecta directamente a cada uno de nosotros, ya seas un simple usuario o tengas una pequeña empresa en la red. En unas horas sabremos el alcance de la misma, mientras, existen una serie de cauces por los que podemos hacer escuchar nuestra voz. Quizá alguna de ellas les llegue y se den cuenta de que existe una gran oposición ante la posibilidad de que la Internet actual cambie a “otra”.

Y es que por si no fuera suficiente con el programa descubierto por Chaos Computer y su aplicación por parte de la policía — entre otras cosas permitía recopilar datos personales de los usuarios o el control remoto para la carga de programas — la noticia de hoy traerá una gran polémica, más teniendo en cuenta que se trata de Alemania, uno de los supuestos países que más luchan por la privacidad de los usuarios.

Actualmente se había desatado en el país un amplio debate sobre la medida en las que las tecnologías permitidas por las leyes alemanas combaten la delincuencia.

Hoy parece que va camino de “institucionalizarse” gracias al acuerdo comentado. Una medida que permitirá rastrear las computadoras de las escuelas anualmente para buscar copias no autorizadas. Así queda tipificado dicho acuerdo:

Se ha acordado contractualmente que el 1% de los equipos de las escuelas en Alemania sean investigados con la ayuda de un troyano para erradicar el plagio, entendiendo por tal infracción de derechos de autor

La inquietante nota añade las consecuencias reales para los miembros de la escuela y/o profesores acusados de copias no autorizadas:

Tras la notificación de las infracciones contra las condiciones de este contrato para la reproducción de obras protegidas por derechos de autor, los estados alemanes se comprometen a establecer medidas disciplinarias contra la dirección del centro y del personal docente involucrado. Las acciones civiles y penales de los titulares de derechos, naturalmente, se mantienen intactas. Esto representa entonces una sanción mayor si con la ayuda de este software sniffer, los maestros tienen una copia.

El contrato que se ha filtrado hoy se firmó en diciembre del año pasado y entró en vigor en el mes de enero de este año. A partir de aquí, el nuevo esfuerzo en el que se han embarcado desde Alemania sólo ofrece dudas y cuestiones sin responder. ¿Cómo podrá saberse si el software no viola las leyes alemanas de protección de datos? Quizá esta es la gran pregunta que muchos se harán a partir de ahora, preguntas que el gobierno deberá responder a los ciudadanos.

La sentencia abre un largo interrogante y quizá indica el giro por el que avanzará en el futuro cercano la jurisdicción española. Hasta ahora todos los casos similares de los últimos meses habían fallado a favor del demandado/s, indicando el juez que en ningún caso existía causa o infracción cuando el responsable sólo aporta el enlace desde su web.

No sólo eso, el caso que nos ocupa lleva consigo tintes extraños. Ambos usuarios habían sido absueltos anteriormente y no ha sido hasta después del recurso de apelación presentado por aDeSe y Promusicae que el Tribunal haya acabado fallando argumentando que existía ánimo de lucro por la obtención de ingresos en publicidad a través de la comunicación pública del enlace.

Carlos Sánchez Almeida, abogado defensor del caso, anuncia recurso a la sentencia y arrojaba lo que pueden ser las primeras pistas sobre este giro inesperado. Almeida apunta a la posibilidad de que la sentencia sea más política que otra cosa. Quizá una forma de elevar y promocionar la denostada y controvertida Ley Sinde y en un momento político en el que el país se acerca a las elecciones.

Sea como fuere resulta difícil de entender como se puede encarcelar a dos personas por anunciar y colocar un enlace. Pensemos las contradicciones y situaciones que se pueden dar a raíz de esta sentencia. Por esa regla de tres, aparte de la vigilancia sobre cualquier web que enlace a material con copyright, terceros que puedan enlazar a webs que a la vez enlazan a este material podrían ser juzgadas. La misma Google, salvando las distancias, podría encontrarse en la misma situación. Claro que Google utiliza los filtros con los que ofrece herramientas antipiratería, pero aún así acaba enlazando a las mismas webs que se juzgan.

Lo mismo podría ocurrirle a webs hasta ahora exentas de “malas prácticas”. El abanico digital se podría extender a los blogs y páginas personales que enlacen a un sitio para ofrecer más contexto sobre una información.

Quizá y con todo, lo peor del caso es que no acaba en la cárcel el que supuestamente infringe las normas de derechos de autor con su contenido, sino el usuario que enlaza al supuesto infractor.

Lo primero que deberíamos decir es que hay que diferenciar entre las dos formas que existen de protección de derechos de autor. Existen los comúnmente llamados así, y por otro lado los derechos de autor de grabaciones de un compositor.

ASCAP es la asociación en Estados Unidos de compositores que recauda los derechos de sus asociados cada vez que una de las composiciones suenan en público. Mientras las tasas de los derechos en conciertos o en la radio están claras, no ocurre lo mismo en el espacio digital.

La controversia llega en este caso por lo que se considera “una interpretación pública” de la pieza en la red. Durante el litigio ambas partes consideraron que el streaming de música es una “interpretación pública” y por lo tanto los compositores tenían derecho a recibir su parte por los servicios de streaming. El problema llegó cuando ASCAP también argumentó que los compositores tienen derecho a una indemnización por la música que los usuarios descargan, algo a lo que se han negado desde entonces tanto Yahoo como RealNetworks.

Desde el 2007, momento en el que un Tribunal de primera instancia fallara contra ASCAP, la organización ha pedido repetidas veces que se repitiera y revisara el caso. Finalmente ha llegado la confirmación desde la corte de apelaciones del Tribunal Supremo en una locución que no tiene lugar a dudas:

La música no se recita o se interpreta ni se reproduce cuando la obra sólo se transfiere a un potencial oyente

Duro golpe no sólo a ASCAP, sino al conjunto de la industria del entretenimiento que ve como por primera en Estados Unidos se dictamina que la descarga de una pista musical no es ilegal ni una infracción.

El discurso fue ofrecido a través de la televisión y el motivo del mismo es “hacer más difícil que estos sitios prosperen”. El Reino Unido ya había anunciado hace unos días a Google que debería tomar cartas en el asunto implicándose más. La respuesta de Google no se hizo esperar:

Sin una orden judicial, cualquier propietario de derechos que nos indique una infracción no podrá ser tomada en cuenta

Hoy es Hunt el que parece querer emprender una cruzada contra la piraterí aún a costa del derecho a la presunción o incluso a la propia neutralidad en la red. En su discurso decía:

Es ilegal y un robo la distribución de material con derechos de autor, un asalto directo a las libertades y los derechos de los creadores de contenido y la remuneración justa por sus esfuerzos. No podemos permitir que ciertos productos se vendan en las tiendas y en las calles, ni tampoco podemos permitir que las tiendas vendan productos falsificados. Debemos tener derechos a hacer más difícil el acceso a sitios que se dedican a la violación de los derechos de autor

Realmente, lo que Hunt intenta es incluir otras cláusulas dentro de la nueva Ley de Comunicaciones del país que tiene prevista que se convierta en ley en el 2015. Las mismas, una serie de barbaridades que atentan contra los derechos fundamentales de cualquier usuario en la red, incluyen las siguientes sugerencias ahora aportadas por el secretario de cultura:

• Creación de un organismo creado por la propia industria para determinar los sitios que son infractores y adoptar medidas.
• Simplificación del proceso legal para que los tribunales actúen con rapidez.
• Responsabilidades a los motores de búsqueda y proveedores para que tomen medidas que dificulten el acceso a estos sitios.
• Responsabilidad a los anunciantes para que eliminen los anuncios de estos sitios.
• Responsabilidad a las compañías de tarjetas de crédito y bancos para retirar sus servicios de estos sitios.

Como podemos ver, las medidas recogen lo “mejor” de cada una de las resoluciones que están en marcha o esperan en breve a ponerse en funcionamiento, entre ellas la propia Ley Sinde en España. Estas medidas se esperan que se incluyan en la Ley de Economía Digital (DEA), la cual se encuentra ahora en suspenso esperando a que el Parlamento Europeo apruebe los cambios.

Ya no es solo son los usuarios los que se ven atentados con estas normas, los propios buscadores y proveedores son parte del engranaje a los que se pide responsabilidades. La medida toma tintes muy dramáticos si pensamos que Google o las propias compañías de tarjetas de crédito pudieran actuar por su cuenta y deciden quien es culpable bajo la presión de la industria. Una desastre que esperemos no sea tomado en cuenta porque conformaría un nuevo mapa digital donde cualquiera puede ser perseguido sin presunción de inocencia ni neutralidad alguna en la red.

La denuncia interpuesta habla de las malas “prácticas utilizadas por Warner Bros y el resto de estudios que comenzaron una demanda a principios de año contra el servicio de hospedaje. Hotfile busca ahora paliar los daños y perjuicios que compensen las pérdidas que sufrieron.

No sólo eso, el cyberlocker explica como la herramienta antipiratería que le habían construido a los titulares de derecho se convirtió en un sistema para derribar gran material sin derechos de autor y software libre, muchos de ellos situados en los top de descargas y por lo tanto motivo de grandes pérdidas:

No sólo Warner y el resto de estudios presentaron un litigio carente de fundamento y artificioso contra Hotfile, sino que han estado empleando tácticas agresivas. Warner ha repetido de manera imprudente e irresponsable acciones que tomaban falsamente los derechos de autor en el material que se alojaba en Hotfile

Warner eliminó archivos que habían sido top, de los más descargados por los usuarios, archivos de software libre que el autor había subido a nuestro sistema como medio que es para la distribución de software libre. En ningún momento Warner estaba autorizado por el dueño o Hotfile para eliminarlo

Mientras Warner se escuda en admitir las eliminaciones como errores que se deben al sistema de escritura automática que Warner posee para detectar las infracciones, Hotfile va mucho más allá. El sistema de hospedaje indica que Warner llegó a proponer un acuerdo de afiliación para que el contenido eliminado fuera reemplazado por una serie de correos a los usuarios con enlaces a tiendas online donde podían comprar las películas del estudio:

Warner tenía un motivo económico para que ocurrieran estas distorsiones. A principios de 2010, Warner le propuso un acuerdo comercial a Hotfile. Se trataba de un trato para presentar enlaces de comercio electrónico para los usuarios de Hotfile, los cuales podrían adquirir un archivo de Warner para el beneficio de la propia Warner en lugar de los enlaces que Warner había eliminado previamente con el uso de la herramienta anti-piratería. Al aumentar el derribo de enlaces a propósito, aumentarían el número de correos a los enlaces de compra de sus películas

Es decir, que si la demanda de Hotfile falla a su favor, Warner habría incurrido en una especie de extorsión, tanto al cyberlocker como a sus usuarios, con el fin de sacar “tajada” de la herramienta anti-piratería que tenía en su poder.

Quizá lo más difícil no sea demostrar las pruebas que ha presentado Hotfile. Lo más difícil será, probablemente, que un juicio falle a su favor después de que hace dos semanas le dieran la posibilidad a los titulares de derechos a confiscar la privacidad de los datos de una compañía por el simple hecho de demostrar que infringe la norma.

Vía: ALT1040

El Partido Pirata Checo acaba de abrir un nuevo sitio que pretende dar la posibilidad a sus usuarios de compartir vínculos a todo tipo de contenido, especialmente a material audiovisual y películas.

El nuevo servicio llega como una prolongación de su campaña vincular no es un delito, algo que comparto al 100% y que se centra básicamente en la petición a los gobiernos y autoridades de la descriminalización y cese de persecuciones contra sitios que sencillamente comparten vínculos y no alojan ningún tipo de contenido en sus propios servidores.

Se trata de MovieHome, sitio que ya esta plenamente operativo y que sus propios desarrolladores describen como un Facebook para películas donde sus usuarios comparten vínculos para películas pero en ningún caso almacenan contenidos.

No es el primer movimiento que hace el partido, ya que meses atrás se lanzaron otros sitios como TipnaFilm, que cuenta con un amplio repertorio de información y carátulas de películas, y que fue interpretado por las autoridades checas como una provocación, una declaración de guerra. Lo curioso es que ambos sitios son posteriores a la multa de 5 millones de euros que fue impuesta a un joven de 16 años acusado de publicar vínculos a material protegido. ¿5 millones de euros? Efectivamente, ya que la federación Anti-Piratería del país asegura que dicha información causó daños que superaban incluso esa cantidad.

La noticia corrió este fin de semana, momento en el que se supo que sus admins eran acusados formalmente de infringir el copyright y cargos de conspiración. Cinco personas que serán sometidas a un tribunal de Estados Unidos y hacerlas responsables de proporcionar acceso a películas y programas de televisión entre el año 2008 y el 2010 acusándolas de haberse embolsado más de 500.000 dólares en publicidad.

Las investigaciones del gobierno indicaban entonces que hasta nueve sitios conectaron con el streaming a tiempo real de una película dirigida por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos NinjaVideo. Esta operación iniciada en junio del año pasado fue la primera ronda de la operación “En nuestro dominios” donde también se incluía el sitio de enlaces deportivos rojadirecta y cuya lista se agrandó hasta los 100 dominios incautados. Se da la circunstancia que dentro de esos 100 dominios, algunos no solo fueron bloqueados, sino que se iniciaron investigaciones penales contra los administradores.

Al parecer, durante estos últimos meses las autoridades negociaron con estas cinco personas para llegar a algún tipo de acuerdo, fracasando finalmente las negociaciones. Hana Beshara, de 29 años y co-fundadora del sitio, lanzó un emotivo vídeo este fin de semana donde venía a contar los últimos acontecimientos en torno a NinjaVideo y el futuro que les espera a los cinco acusados. En el mismo la joven indica que no se arrepiente de haber participado en el sitio:

Hace varios meses, fueron los propios administradores del sitio los que lanzaron un podcast en forma de manifiesto donde explicaban las posibles consecuencias y daban su versión:

La culpa de todo la tiene Hollywood y sus presupuestos inflados, no la piratería y su popularidad. Estamos etiquetados como piratas, nos llaman ladrones, hemos sido allanados y detenidos y nos vemos obligados a escondernos detrás de seudónimos mientras vemos muchas zonas grises en torno a leyes que no están escritas. ¿Podemos pagar abogados? No, en absoluto. Pero habrá un centenar de personas que ocuparán nuestro lugar.

Así las cosas, los cinco jóvenes acusados comparecerán ante el juez la próxima semana en Virginia. Mientras, hoy nos levantábamos con la noticia del dominio incautado de los dominios del sitio ninjavideo.net y ninjathis.net y con la duda de uno de los cinco acusados. Zoi Mertzanis, residente griego, podría ser la segunda persona a la que Estados Unidos pida la extradición por infringir el copyright tras el caso de Richard O´Dwyer en TVShack.net.

Son tantas las incongruencias en torno a los juicios y demandas que se han extendido este año en Estados Unidos por la presunta infracción del copyright en las P2P, que pocas cosas nos extrañan. En los últimos meses hemos visto como se acusaba a un ciego de descargar porno, cartas extorsionando a los usuarios para que eviten juicios o demandas colectivas históricas donde no se analizaba a las personas, sino a la IP. Hoy nos encontramos sin duda ante uno de los casos más surrealista, la industria del copyright demandó a un usuario que había fallecido.

El caso tienen que ver con la demanda histórica de BitTorrent contra 24.583 usuarios. Todos demandados por descargar o compartir la película Hurt Locker y que superaba a la anterior cifra alcanzada en el caso The Expendables.

Este tipo de acusaciones masivas tienen cientos de historias detrás, ya que los demandantes únicamente fijan una IP como infractor y de ahí se contruye una base con la que comenzar a enviar las citaciones. El caso del usuario ciego venía a demostrarnos la incoherencia de este sistema, quizá el de hoy demuestra lo absurdo del mismo.

De entre esos 24.583 usuarios de BitTorrent demandados por la descarga de Hurt Locker, esta semana le fue devuelta a la Corte de Distrito Federal de Estados Unidos una de las cartas. El motivo no era otro que el demandado ya había fallecido.

Lo más sorprendente, tal y como cuentan desde TorrenFreak, es que no se trata de un caso aislado. La misma RIAA se encontró con una situación similar hace un tiempo. Viendo que el presunto infractor había fallecido, decidieron seguir adelante con el caso, demandando entonces a los hijos del ciudadano fallecido. Eso sí, dejando 60 días de duelo por la muerte del fallecido antes de volver al caso. En ese momento la RIAA llegó a decir:

Los demandantes no creen necesario discutir la resolución del caso con la familia en un momento tan cercano a la muerte de su padre. Por lo tanto, los demandantes solicitan una estancia de 60 días para darle tiempo a la familia a llorar su muerte

Suena extremadamente cruel e inhumano, pero es cierto. El caso que nos ocupa hoy aún está por cerrarse, ya que una vez que los demandantes han visto que el usuario ha fallecido podrían actuar de la misma forma que la RIAA. No sería la primera vez.

La compañía de Steve Jobs ha recibido una primera demanda por presunta venta ilegal e infracción de los derechos de autor. La demanda, presentada en la Corte de Distrito en California, ha sido interpuesta por el músico Korel Sutton, miembro del grupo Pretty Boy de los 90. Sutton pide en la demanda que se le de la parte correspondiente o desaparezcan las pistas que están a la venta sin su consentimiento.

Tal y como cuenta el músico, perteneciente a una banda desconocida hoy pero con cierta influencia a principios de la década de los 90, Apple distribuye en iTunes material ilegal de su música en al menos diez discos recopilatorios que se encuentran en el servicio.

El informe que ha presentado Sutton en la corte, representándose él mismo, muestra como estos diez discos se encuentran a la venta en 23 territorios con varias canciones del autor. Para ello ha presentado también el registro de derechos de autor de las mismas. Discos como 2 Live Crew and Posse o Elektro Hip Hop Party vol. 3 vulneran los derechos de copyright con la inclusión de varios temas del músico.

¿Está Apple vulnerando los derechos de autor? Sí y no. Tal y como cuentan desde TorrentFreak, parece cierto que se está incurriendo en una infracción de copyright y como tal, iTunes no puede poner a la venta esos discos sin la autorización de Sutton. Pero el principal problema lo puede tener el sello Rams Horn Record, compañía que trabaja con Apple en la venta de discos en iTunes y dueña de estos diez recopilatorios.

Aún así y si finalmente la compañía de la manzana acaba siendo culpable, lo que el músico pide no es una indemnización por la vulneración de derechos. Sutton sólo pide la aparte correspondiente por cada venta que se haya realizado de los recopilatorios. Una suerte para Apple si tenemos en cuenta que anteriormente en Canadá han habido demandas similares por violación en recopilatorios para Sony, Warner o EMI llegándose a pagar hasta 50 millones en daños y perjuicios.

Mientras en el Reino Unido se evalúa la implementación de la Ley de Economía Digital, que incluye un sistema de tres strikes para quienes violan el copyright, las entidades que gestionan los derechos de autor no se detienen y suman nuevas iniciativas. En este caso, se trata de un sistema de clasificación inspirado en las luces de los semáforos, que indicará si los sitios enlazados desde los buscadores disponen de las licencias correspondientes para distribuir contenidos protegidos.

Con un funcionamiento similar al de los plugins que nos indican si una web es segura, la idea es mostrar una luz verde o roja junto a cada ítem de los resultados de búsqueda, para que los navegantes sepan instantáneamente si se trata de un sitio que fomenta la piratería. En caso de pasar el ratón sobre el enlace correspondiente a un infractor conocido, también se mostrarán advertencias y consejos sobre cómo conseguir contenidos legales.

El objetivo de este plan, impulsado por la Performing Rights Society for Music, es educar a los usuarios, algo crucial si la intención es imponer sanciones por violar las normas. A través de la distinción entre bueno y malo, pretenden evitar que el 90% de las personas acceda a los sitios denominados piratas.

Para evitar controversias, todo vínculo comenzará con calificación positiva y se mantendrá así hasta que sea necesario enviarle solicitudes de DMCA. A partir de ahí, en base a la respuesta que reciban de las mismas, se irá generando un puntaje que puede terminar en la asignación de una señal negativa.

Un problema crucial con el que deberá lidiar es quién será el encargado de asignar las calificaciones, porque debe ser una entidad que garantice objetividad a los usuarios. Pero además, qué hacer con quienes busquen deliberadamente las luces rojas. El primer tema aún se encuentra en estudio, mientras que al segundo no se le dará importancia, porque quienes deseen hacer las cosas bien (o evitar la persecución de las discográficas), tendrán la suficiente información para hacerlo. Para el resto, hay una polémica ley en camino…

Foto: Blog de la Autoescuela

La empresa Zynga, creadores de juegos tan mayoritarios y millonarios como FarmVille, CityVille o Empires and Allies ha sido denunciada por infringir derechos de copyright.

La empresa SocialApps ha presentado una demanda ante la corte de California contra Zynga por “derechos de copiryght, violación de secretos comerciales, rotura de contrato escrito, rotura de contrato de partes implicadas y rotura de confidencialidad”.

Ahí es nada. Todas esas demandas contra una empresa que se ha hecho millonaria ofreciendo un producto que, según la demanda, pertenecía a otra empresa con la que tenían una “sociedad”.

Según lo cuenta SocialApps, ellos habían diseñado y programado un videojuego social llamado MyFarm en el que se le permitía al usuario crear una granja y mejorarla (¿A que me suena ésto?) en 2008. En 2009 Zynga se acercó a ellos (no aclaran de qué modo) con la intención de copiar código e ideas para su FarmVille, que sacaron en Junio de ese mismo año.

Y luego todo es historia. De MyFarm poco se sabe y FarmVille ha llegado a 30 millones de usuarios y unas ganancias que quitan el hipo. ¿Realidad? ¿Pataleta? ¿Celos? En el mundo del software hemos visto muchas veces como unos se copiaban a otros para que luego verlos enzarzados en peleas sobre quién lo descubrió primero y a quién hay que indemnizar (Microsoft-Google, Apple-Samsung, Nokia-Apple…).

Aún a falta de lo que dictaminen los jueces tras examinar las evidencias, es de esperar que todo quede en, a lo sumo, una indemnización y un carpetazo al asunto. Esto también me suena…

Fundada hace más de 100 años, la llamada Iglesia de Dios —Church Of God— es un movimiento cristiano mundial con sede en Cleveland, Tennessee, y cuenta con más de 8 millones de miembros repartidos a lo largo más de 150 países diferentes, lo que la convierten en una de las iglesias más grandes del mundo entero. Como toda gran marca y corporación que se precie, la iglesia tiene su propio símbolo, un logotipo que registraron oficialmente a principios de 2010 y que hoy es el protagonista de la historia que os cuento a continuación.

Parece ser que la Iglesia de Dios esta emprendiendo acciones legales contra nada más y nada menos que uno de los titanes de Hollywood: Sony Pictures. ¿Por qué? Pues porque según ellos, Sony estaría violando su propiedad intelectual ya que en una de sus películas se incluye un logo muy similar y posiblemente inspirado en el de éstos:

Son imágenes de TF, que muestran el logotipo de la Iglesia del Tercer Milenio —Church Of The Third Millennium—, una entidad ficticia cuyos entresijos se pueden descubrir en el film Salvation Boulevard, protagonizada por Greg Kinnear, Pierce Brosnan y Marisa Tomei. Sólo tenéis que comparar el logo con el de la parte superior del artículo, y juzgar por vosotros mismos.

La demanda, interpuesta ayer en el juzgado del distrito de Tennessee, no tiene únicamente a Sony —compañía productora de la cinta— como objetivo, sino que también toca a otra serie de empresas asociadas, entre las que están Mandalay Pictures, IFC Films y Comcast, este último como distribuidor. Veremos en que queda la cosa.

En los Estados Unidos, tanto la industria cinematográfica como la musical, están haciendo todo lo que tienen a su alcance para evitar que los internautas compartan materiales protegidos por derechos de autor. En esta ocasión, la RIAA y la MPAA firmaron un acuerdo voluntario con los principales proveedores de Internet para implementar un mecanismo similar a la ley Hadopi francesa, aunque aquí el Estado no tiene intervención alguna.

A partir de ahora, las firmas Cablevision, Comcast, Time Warner y Verizon reciben los reclamos por violaciones de copyright y envían advertencias a los usuarios involucrados, pero sin revelar la identidad de los mismos, salvo que lo requiera una autoridad judicial. A diferencia de la normativa implementada (y suspendida) en Francia, donde tres strikes equivalen al corte del servicio, en este caso hay cinco avisos antes de tomar medidas, las cuales nunca llegarán a la suspensión del servicio. Y es lógico: nadie quiere exponerse a una demanda.

Al superar el límite fijado, se pasa a la etapa de acusación, donde es posible reducir la velocidad de conexión, restringir temporalmente el acceso a la red, o mostrar mensajes que obliguen al cliente a comunicarse con la compañía. Es que el objetivo de las entidades gestoras de copyright es educar a los suscriptores acerca de lo que llaman robo de contenidos.

Según los datos aportados durante la firma del acuerdo, “cada año, el robo de contenido cuesta a la economía de los Estados Unidos más de 373 mil puestos de trabajo, $ 16 mil millones de ingresos perdidos y $ 3 mil millones en pérdidas federales, estatales y locales de ingresos fiscales del Estado”. Claro, siempre teniendo en cuenta que la idea es resguardar sus modelos de negocio, en lugar de adaptarse a los nuevos tiempos.

Si ya la posibilidad de sancionar a los supuestos infractores es polémica, todavía lo es más el sistema de apelaciones. El acusado tiene derecho a solicitar una revisión del caso, pero efectuando un pago de 35 dólares. Esto puede resultar problemático si se recibe un número importante de reclamos falsos, que hasta podrían ser generados por las propias empresas para lucrar con las revisiones.

Y esa es una cuestión crucial, si tenemos en cuenta que varios fallos ya determinaron que una dirección IP no equivale a una persona o que el titular del servicio no siempre está al tanto del uso que le dan a Internet todos los usuarios. Para colmo, el agravante es que la decisión final corre por cuenta del proveedor, lo cual puede prestarse a abusos por más cuidado que se haya tenido al elaborar la iniciativa.

Foto: Mario7

Ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de las regulaciones con tres avisos, aparte de Hadopi en Francia, son muchos los países que comienzan a considerar la medida para erradicar la piratería en la red. No así en Irlanda, donde al parecer Eircom, a expensas del gobierno, habría acordado con la industria discográfica esta aplicación. Para colmo, ahora se destapa que por error se envió una carta con el primer aviso a 300 usuarios inocentes desde el mes de octubre.

El informe que se ha filtrado se encuentra en estos momentos en poder del comisionado de Protección de Datos irlandés. Tal y como cuentan en TorrentFreak, fue en el año 2009 cuando IRMA, la asociación que representa en el país a Sony, EMI, Universal y Warner, llegó a un acuerdo extrajudicial con Eircom para erradicar el intercambio ilícito en la red.

Se trataba de una regulación similar a la de otros países, tres avisos con desconexión final para los usuarios que cometieran delitos de derechos de autor. Al año siguiente, en el 2010, Eircom lanzó un comunicado en el que hablaba de su apoyo a que se aprobara un protocolo de suspensión y corte de la red con avisos. No sé supo más hasta ahora.

Tras el “error” que se ha destapado, lejos de retractarse, la compañía dice que el envío se ha producido por un error en los relojes de sus equipos, preparados para su aplicación en adelante, por lo que se llegaron a enviar hasta 300 cartas con el primer aviso. Como decía al principio, el DCP, Comisionado de Protección de Datos en el país, está investigando a la ISP:

La importancia de este caso va más allá de un simple fallo técnico. Las quejas de los usuarios a la DCP han dado lugar a una investigación más amplia sobre la legalidad de todo el sistema de los tres avisos

Es decir, al posible error, la investigación abierta va más allá. En primer lugar, el uso de la aplicación de manera extrajudicial es un agravio sin precedentes. Por otro lado, el envío de las cartas indica que el proveedor ha utilizado sin ninguna autorización los datos de carácter personal de al menos 300 usuarios, de tomar sus IPs como datos personales para poder llegar a cortar la línea a los usuarios. Un despropósito.

Tras la reunión finalizada por la cumbre del G8 en la que se discutió sobre el futuro de Internet, la sensación general es la de un tiempo, el que se aproxima, con leyes aún más reguladoras que las actuales, donde el avance en la red seguirá marcada muy de cerca por las leyes de protección de la propiedad intelectual. Todos los países se mostraron de una u otra forma conforme con aumentar esa protección a través de nuevas leyes, todos menos uno. Rusia y su presidente fueron las únicas voces disonantes en el discurso final.

De entre las recomendaciones escritas que finalizaron en la declaración final, el “compromiso renovado para la libertad y la democracia en la red”, se habló claramente del futuro por el que aboga el grupo. En la sección 15 del escrito se destacaba la regulación en la red de la siguiente forma:

… con respecto a la protección de la propiedad intelectual, y los derechos de autor en particular, las marcas, patentes y secretos comerciales, reconocemos la necesidad de tener leyes nacionales y marcos para una mejor aplicación. Estamos renovando así nuestro compromiso de garantizar una acción eficaz contra las violaciones de la propiedad intelectual y los derechos en el ámbito digital, incluidas las medidas que se ocupan de las infraestructuras actuales y futuras…

Un mensaje apoyado por, entre otros, el propio Sarkozy, autor de la Ley Hadopi francesa y los grupos de presión conocidos como pueden ser la RIAA o la MPAA (de la que hace muy poco declaró el valor que le da a la cultura). Como decía al principio, solo Rusia y la voz disonante de su presidente Dmitry Medvedev se mostraron reacios a las futuras regulaciones. Aunque sus palabras no fueron reflejadas en el escrito final, son las únicas que suenan realmente a aperturismo y avance sobre modelos que actualmente no son compatibles con la realidad actual. Estas fueron sus palabras:

La declaración refleja una posición absolutamente conservadora, hablando de unos derechos de propiedad intelectual que deben ser protegidos de acuerdo a los convenios existentes. Nadie se pregunta esto, pero he declarado muchas veces que, por desgracia, esos convenios fueron escritos hace casi 100 años y son incapaces de regular el conjunto de las relaciones entre el propietario de los derechos de autor y los usuarios

Desafortunadamente, mis palabras no se incluyeron en la declaración, porque, en mi opinión, mis colegas tienen una opinión más conservadora de la necesaria en estos momentos, o tal vez simplemente no utilicen Internet y tienen muy poco conocimiento de él

La RIAA no cesa en su intento por detener cada violación de copyright que ocurra en cualquier lugar de Internet. Pero su último operativo es al menos curioso, porque la entidad gestora de derechos de autor comenzó a buscar infractores en Box.net, un servicio enfocado principalmente hacia el mercado empresarial.

El requerimiento presentado ante la Justicia de California pide revelar la identidad de ciertos usuarios del sitio. Según su declaración, estarían utilizándolo para distribuir canciones en estado de prelanzamiento.

Lo llamativo es que se haya elegido Box.net para efectuar estas investigaciones, porque la compañía ofrece prestaciones similares a las de Sharepoint, casi como un Facebook para los negocios. Aunque existe la posibilidad de alojar archivos, si pensamos en un uso personal (permitido por la empresa), hay servicios mucho más prácticos como Dropbox.

Esta noticia llega pocos días después de la victoria judicial ante LimeWire, por la cual sus creadores fueron condenados a pagar 105 millones de dólares a las discográficas. Y si bien la persecución de servicios P2P es moneda corriente, el apuntar hacia las herramientas de sincronización en la nube es prácticamente una novedad.

Mientras Box.net asegura que entregará la información específica que le solicite la Corte, por parte de la RIAA explican que este tipo de servicios no es su nuevo objetivo, sino que apenas se trata de investigaciones de rutina. De todas maneras, llama la atención en épocas donde Amazon Cloud Drive y Music Beta by Google desataron la ira de las discográficas por no cerrar acuerdos de licencia. ¿Será una forma de aviso?