Ayer, mi compañero Miguel Jorge nos realizó una interesante introducción al proceso judicial al que se está sometiendo a Google en la Audiencia Nacional española alrededor del concepto del derecho al olvido, es decir, el derecho que tiene cualquier individuo a que, tras solicitar la cancelación de sus datos, no quede traza alguna de éstos. La celebración de esta vista procede de una demanda de la Agencia Española de Protección de datos, y varias demandas particulares, para pedir cuentas a Google porque su buscador mantiene indexados enlaces a contenidos que tendrían que haber sido eliminados.

Google ha sido muy claro en la vista, bueno, más bien su abogado; para empezar, la compañía niega cualquier tipo de responsabilidad en los contenidos indexados, básicamente, porque considera que el responsable del contenido es el portal que lo contiene, no un motor de búsqueda que lo indexa, además, Google considera que realizar modificaciones en los índices, por ejemplo, eliminando los enlaces o implementar mecanismos para realizarlo, sería, básicamente, auto-censurarse:

Pedir a los buscadores que se retire la información de forma arbitraria es algo muy peligroso porque los buscadores son una parte fundamental de la sociedad de la información y se estaría atacando a la libertad de expresión

Personalmente, creo que no les falta razón. Al fin y al cabo, Google se dedica a rastrear páginas en la red, por tanto, si apareciese un dato que no debería ser público, la culpa no es del que busca, si no del que lo pone disponible, al menos yo lo veo así. Así que aplicando este principio, la demanda debería haberse interpuesto contra los editores de los sitios web que publican ese tipo de datos. Pues parece ser que la propia AEPD inició esa vía, sin embargo, al toparse con el muro de los editores de las webs que se negaban a retirar los contenidos, pegaron el golpe de timón y fijaron la vista en Google al que sí consideran responsable.

Tanto la abogacía del estado como la acusación particular mantienen la tesis de que Google es culpable de indexar contenidos que no deberían circular por la red, sobre todo, porque es un buscador muy relevante, de hecho, la AEPD ha cursado contra Google España S.L. 93 procedimientos por las negativas de la compañía a eliminar enlaces. ¿Acaso ser un servicio importante es un delito?, ante esto, Google se reafirma en su postura:

Nosotros queremos cumplir, y estamos comprometidos con eliminar los enlaces y borrar del índice y de la caché de Google cualquier contenido denunciado, siempre y cuando la fuente original también lo retire

¿Y este proceso judicial tiene sentido?, pues la verdad es que yo no se lo veo, Google se dedica a enlazar contenidos que circulan por la red y ahí podemos encontrar de todo, desde mis notas de la facultad (que aún andan las de alguna asignatura circulando por la red) hasta las multas y sanciones de alguien, por tanto, si esos datos son accesibles no es porque Google los haya indexado si no, más bien, porque alguien los puso ahí (y en el caso de las sanciones y multas, es la propia administración la que los coloca en la red).

En fin, estaremos atentos a ver dónde termina este proceso, yo no le veo mucho sentido, ¿y vosotros? ¿pensáis que Google tiene la responsabilidad sobre los contenidos de un tercero?

Vía: ALT1040

Lo que para unos es un derecho para otros es censura o lo que para unos es libertad de información para otros es una incursión a la privacidad de la persona. Estos días estamos viviendo un debate intenso en torno a la Audiencia Nacional, donde se dirime si Google es responsable de sus enlaces y la capacidad de un ciudadano cualquiera a restringirle sus datos en el buscador. Dicho de otro modo, lo que estos días se debate es el límite o no de Google a indexar, enlazar y mantener en el caché información de los ciudadanos que estos no desean que permanezcan.

Lo que se conoce como ‘derecho al olvido’ es en España más bien un concepto, una ampliación del derecho a la cancelación de datos en Internet regulado en España desde 1992. El problema surge en la responsabilidad, o la cuota de ella, que puede tener un buscador como Google en la aparición o menciones de un individuo a través de sus enlaces. Mientras la Protección de Datos esgrime la responsabilidad a Google por los 93 procedimientos abiertos, Google ofrece una versión quizá más clara y acorde a los nuevos tiempos. Obligar a desaparecer información indexada en la red es un acto de censura y un atropello a la libertad de la red. Por otro lado, la compañía recuerda que la propia Ley de Servicios de la Sociedad de la Información delimita la responsabilidad a los buscadores, ya que especifica que la publicación de datos es compartida entre una web y el buscador.

Imaginaos si el fallo es a favor de la AEPD y cientos o miles de ciudadanos llevaran a vista su eliminación y rastro en la web. Cientos de páginas que son pasado, y en su momento presente informativo, dejarán de existir, aún más grave, ya que se crearía un precedente en España, ya no sólo a nivel nacional, sino global, uniéndonos a algunas sentencias aparecidas en Estados Unidos.

En España en estos momentos tiene lugar una vista donde se estudian cinco casos (de los 93 procedimientos abiertos contra Google). Cuatro de ellos solicitan su eliminación en boletines oficiales y uno tiene que ver con una noticia que se encuentra en el diario El País. Todas piden el derecho al olvido y todas son perfectamente razonables en sus motivos, pero como dice Google, ni es su responsabilidad ni debiera ejercerse una acción de censura así en la red. No existe ley en España que regule un enlace a una información y que responsabilice a los buscadores.

Si se comienza a eliminar de la red lo que cada ciudadano no cree conveniente, dejaríamos de tener libertad de expresión en la red, ya que un día podría desaparecer cualquier escrito nuestro si alguien lo cree difamatorio. Y mucho menos responsabilizar al buscador, que lo único que hace es ser el puente para llegar en muchas ocasiones a los datos. En todo caso, la responsabilidad o no debe caer sobre el que ha escrito y quizá la solución sea mantener un mayor sistema de restricción en según que informaciones por parte de los editores de contenidos, limitar el acceso. Lo que no puede ser es que a la red se le vaya acortando la movilidad y coartando su libertad. Si tengo que decidirme por el derecho al olvido o a la libertad de expresión, lo tengo claro.

La red social puntera entre los jóvenes españoles Tuenti ha presentando nuevas políticas de privacidad a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Entre los nuevos puntos de las políticas destaca un sistema para filtrar perfiles de usuarios menores de 14 años quienes ya no podrán disfrutar de Tuenti (medida que se anunció en su día sería impuesta).

El sistema de comprobación es más que arcaico (aunque como bien nos comentaba Ícaro Moyano en FIMP, no tienen otra forma de hacerlo), primero se dedican a localizar perfiles “sospechosos” que parece pertenecen a usuarios menores de 14 años. Una vez localizado, se le pide comprobación de su edad, para lo cual el usuario tiene que mandar una fotocopia de su DNI.

Otras nuevas medidas que se contemplan son:

• Los perfiles de usuarios menores de 18 años tendrán el máximo nivel de privacidad por defecto
• Cambia el tema de propiedad intelectual, los usuarios mantienen la propiedad sobre cualquier contenido que suban a la red social
• Sistema para impedir que los contenidos publicados en Tuenti puedan ser copiados o enlazados desde páginas externas a la red social

Con todas estas medidas y renovación de las políticas de privacidad Tuenti se pone a la cabeza en España de las redes sociales en cumplir con las recomendaciones de la AEPD. Ahora queda por ver qué pasa con el resto, principalmente con Facebook, quienes cuentan con una clara ventaja sobre Tuenti: su estructura principal no está en España. Eso provoca que para la AEDP sea mucho más fácil “apretar” a Tuenti que a Facebook.