A nadie le debería extrañar que cada una de las regulaciones conocidas como 3Strikes acaben en la nada. Es un hecho que todas han sido auspiciadas por otros modelos iguales o peores o incluso por gobiernos como demuestran varios de los cables de WikiLeaks. Uno de los casos más sonados tiene que ver con Nueva Zelanda. El país lleva unas semanas con el sistema implantado y ya ha arrojado los primeros datos, ninguno alentador. Según las primeras estimaciones, la implantación de las 3Strikes no ha notado en líneas generales caída de tráfico alguna.

El paso en Nueva Zelanda a la implantación de las 3Strikes ha estado llena de incongruencias y revelaciones que nos demuestran el poco sentido de la misma. Similar en la forma a la Ley Hadopi, la regulación se basa en tres avisos antes de un corte de un período máximo de 6 meses para aquellos que vulneran los derechos de autor. Una de las consecuencias de su aplicación tiene que ver con la pérdida de la "presunción de inocencia" pasando ahora a ser "presunción de culpabilidad". De esta manera las ISPs podrán actuar sobre el ciudadano si existe reclamación de sospecha y será culpable hasta que no se demuestre lo contrario.

Durante el largo proceso que duró su implantación definitiva sucedieron todo tipo de noticias que nos venían a mostrar el despropósito de la misma. En esas fechas supimos que un miembro del Parlamento que votó a favor y realizó un sentido discurso contra la piratería, a la noche realizaba un tweet donde explicaba que se iba a la cama a escuchar un disco descargado.

No fue lo peor. Más tarde fue un cable de WikiLeaks el que nos mostraba que al igual que España con la Ley Sinde, Nueva Zelanda formuló la ley auspiciada por Estados Unidos, quien llegó a financiarla y redactarla.

Finalmente entró en vigor el 11 de agosto con la única oposición de TelstraClear, única voz crítica con la regulación que llegó a decir que eran "los modelos de negocio los que deberían cambiar". Así las cosas y tras casi un mes en activo, la propuesta no ha dado señales de cambio en el tráfico de las P2P en el país. Según los datos aportados sólo dos de los proveedores aseguran haber reportado una caída de tráfico que achacan al temor inicial de las multas.

La ISP Orcon asegura que ha notado una bajada de entre un 10%, aunque aclara que sólo la semana pasada. TelstraClear informa de una ligera caída aunque también se muestre reticente a que sea por las medidas. Telecom New Zealand dice en cambio que no ha notado descenso alguno.

Los informes vienen a constatar que si ha existido cambio alguno en la rutina de los usuarios ha sido mínimo. Si lo comparamos con las grandes caídas que sufrieron en Suecia con el nuevo proyecto de ley, donde el tráfico cayó un 30%, hablamos de unos inicios poco esperanzadores para la iniciativa. Posiblemente la culpa se encuentre en la propia razón de ser de cada una de ellas. Coartar el acceso a la red y privar a los usuarios con leyes que violan derechos fundamentales no debería ser la solución a los males de la industria del entretenimiento.

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