La MPAA, entre la que se encuentran Disney, Warner, Sony o Universal, ha inyectado en lo que va de año hasta 400 mil dólares a diversos departamentos del gobierno como son el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional o la misma oficina del Vicepresidente Biden. El motivo, impulsar la implantación de los tres avisos (como Hadopi) y erradicar el uso del streaming en el país.
El informe divulgado por la propia MPAA va más allá, ya que se describe con exactitud el último movimiento de la organización con más activos del país sobre los derechos de autor. Las compañías que intentan cambiar la legislación en pos de un endurecimiento de las infracciones por copyright son Disney, Sony, Warner, Paramount, 20th Century Fox y universal. Todas juntas han llegado a esta cifra llegando a "donar" incluso al despacho de Joe Biden, conocido por su apoyo a las penas mayores por las infracciones en la red.
El motivo detallado no es otro que convertir las actividades ilícitas en un delito grave, marcando el streaming como una de las prioridades. Lo que pide la organización es un estudio y vigilancia de aquellas IP que puedan resultar presuntamente culpables para acabar directamente con aquellos sitios generadores de ingresos. Un nombre propio sobresale en el informe repetidas veces, Rapidshare. De esta forma sitúan al mismo como ejemplo del conjunto de cyberlockers que están dañando a la industria.
Otro de los temas con los que presionan es con la aplicación de una ley similar a Hadopi. Una regulación con un régimen de tres avisos y desconexiones y que vendrían a tirar por tierra las propias palabras de la ONU hace una semana. Aunque quizá y muy probablemente, en Estados Unidos pese más la voz de la MPAA que la de la ONU.