El parlamento japonés ha comenzado a promover la futura legislación para criminalizar a los creadores y distribuidores de virus informáticos. Las nuevas leyes autorizarán a las agencias a obtener los registros y logs de los proveedores de servicios de Internet con el objetivo de llegar hasta el fondo del asunto en caso de la propagación de virus. Hasta ahora la gran mayoría de investigaciones iniciadas terminaban en un callejón sin salida ya que legalmente existe un hueco legal ya que en ningún sitio está escrita la forma de proceder ni como castigar la creación de virus y otros tipos de malware.
Japón hace así un movimiento de apoyo y acercamiento a la llamada Convención de Ciberdelitos, un tratado firmado por 31 países que estipula la cooperacion internacional a la hora de investigar crímenes cibernéticos. La nueva legislación japonesa penaría la distribución o creación de virus con multas de hasta tres años en prisión y medio millón de yenes y la adquisición o almacenamiento voluntario con hasta dos años de carcel y 300.000 yenes.
Sin embargo hay dos problemas claros que a titulo personal debo puntualizar basándome en los datos que se conocen. Primeramente, y no soy el único que lo piensa, esta la posible violación de derechos constitucionales tan básicos como la privacidad de las comunicaciones, ya que el gobierno tendría acceso a los datos de registro de ISP, los cuales se guardan por motivos de seguridad durante 60 días en tierras niponas. Y segundo, ¿que se considera por distribución de virus? Una persona inocente podría ser víctima de una infección e ir propagando virus, algo que sucede en prácticamente todos los casos. ¿Sería esta persona objeto de una investigación e incluso de una posible criminalización?
Se trata de un asunto espinoso, ya que también hay que contar con el añadido de que el difusor y verdadero culpable utilice esto como excusa alegando que él no tiene nada que ver con el virus, y que fue su ordenador el que se encontraba infectado.
El gobierno japonés ya intentó en dos ocasiones reformar el código penal con el fin de incluir una legislación específica que cubriera la difusión de malware, pero no pudo ser debido a las fuertes críticas que recibió de los partidos de la oposición y de los ciudadanos.