En época de silencio electoral, creo que el gobierno de España anda un poco torpe con sus últimas acciones: 5,6 millones de euros por parte del Ministerio de Cultura para incentivar la industria de los contenidos digitales, 205 millones de euros del Ministerio de Industria para crear, de manera artificial, una industria que nunca quiso avanzar hacia los nuevos modelos de negocio y, para rematar la faena, ayer filtran a los medios el borrador de la infame Ley Sinde, bueno, mejor dicho, el Real Decreto que regulará el funcionamiento de la Santa Inquisición, perdón, la Comisión de Propiedad Intelectual.

¿Y que incluye este borrador? Prácticamente ninguna novedad fuera de lo que ya estábamos esperando, es decir, un Real Decreto dispuesto a levantar un Muro de Berlín digital alrededor de la red. Concretamente, este borrador incluye algunos detalles de cómo se aplicarán los principios de la Ley y, por tanto, cómo se actuará ante las denuncias que se presenten ante la Comisión de Propiedad Intelectual:

• Una vez se presente una denuncia ante la Comisión, las webs denunciadas contarán con un “período de gracia” de 48 horas en el que podrán retirar los contenidos que hayan vulnerado los derechos de autor o, directamente, interrumpir el servicio y retirar la web completa, para así conseguir que la causa sea archivada. No obstante, la causa podría ser reabierta si se detectasen, de nuevo, que se vuelve a reanudar la actividad que causó la denuncia.

• Si transcurriese el período de gracia de 48 horas sin que se retirasen los contenidos objeto de la denuncia, el órgano instructor del caso tendrá 48 horas para recabar las pruebas oportunas y remitir un informe con la resolución que se enviará a los interesados para que presenten alegaciones en el plazo de cinco días.

• La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual dictará su resolución en un máximo de 3 días, tras recibir las alegaciones, declarando la validez o no de la denuncia y, en el caso de ser válida, ordenando al responsable de la página a la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos en un plazo de 24 horas desde la notificación de la resolución. Si la resolución no fuese cumplida, entonces, la Sección Segunda remitiría el caso al Juzgado de lo contencioso-administrativo.

Con estos tres pasos y, prácticamente, en menos de dos semanas, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura podría cerrar una página web tras recibir alguna denuncia por parte del lobby, mejor dicho, de la industria de los contenidos. ¿Y quiénes forman esta Comisión? Pues, según el borrador, estaría formada por tres miembros nombrados por el Ministerio de Cultura a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Cultura, entre expertos de reconocida experiencia en materia de propiedad intelectual y que estarían en el cargo durante tres años con la posibilidad de renovar durante otros tres.

¿Profesionales de reconocido prestigio en materia de propiedad intelectual? La verdad es que a uno se le pone la carne de gallina, simplemente, al pensar que pudiesen nombrar, por ejemplo, a Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, al fin y al cabo, estamos hablando de puestos de libre designación que no se van a someter, ni tan siquiera, al consenso del Congreso de los Diputados.

Pero si, realmente, hay algo que asusta, y mucho, de este borrador es el “as” que se guardaría el Ministerio de Cultura para, no sólo cerrar páginas web que estén en territorio nacional o dentro de la Unión Europea, sino que también pretenden evitar el acceso a páginas que estén hospedadas fuera del espacio común. ¿Cómo? Pues solicitándole a la Audiencia Nacional que obligue a los operadores de acceso a Internet que bloqueen el acceso a las páginas web que hayan resultado objeto de denuncia y ésta se haya admitido. En definitiva, España ha pasado a aspirar a convertirse en China y colocar un gran firewall que impida el acceso a las páginas que el lobby de los contenidos diga.

El lobby lejos de estar contento, parece ser que todo esto le sabe a poco y quiere mucho más. Para empezar, eso de que el borrador del Real Decreto esté en proceso de consultas, no les hace demasiada gracia, básicamente, porque mientras se cierra, se publica en el Boletín Oficial del Estado y se nombran a los miembros de la Comisión, habrían pasado casi 5 meses, por tanto, la Comisión no comenzaría a funcionar hasta el mes de septiembre y, claro, debe ser que les parece poco porque han declarado que con esos plazos, el año 2011:

Es otro año perdido. La tramitación del reglamento debería ser de urgencia.

¿Un año perdido? Según la Coalición de Creadores e Industrias Culturales, una vez se pusiese en marcha la Comisión y arrancase la maquinaria de denuncias, con suerte, no se tramitarían los primeros casos hasta el mes de octubre y, por tanto, pasarían a ejecutarse las primeras sentencias en el mes de noviembre.

Es decir, que si todo sigue así, en el mes de noviembre, el Ministerio de Cultura comenzará a podar la red que conocemos y comenzarán a cerrar páginas tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Se acercan nubes muy grises por el horizonte.

Imágenes: El País y La Columna Irreverente