La política estadounidense está llena de paradojas, por un lado la administración Obama apuesta por el OpenGovernment y el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos a través de la red, sin embargo, por otro lado abusa de su fuerza con demostraciones como los casos de cierre de rojadirecta y exvagos.es. Y es que está claro que el lobby de la industria del cine y la música es poderoso, tanto es así, que la Oficina de Coordinación para la protección de la Propiedad Intelectual, dependiente de la Casa Blanca, publicó el otro día un libro blanco de recomendaciones legislativas para luchar contra la piratería que no tiene desperdicio alguno.
El libro, que procede del consenso entre distintas agencias gubernamentales (Seguridad Nacional, Departamento de Comercio, Departamento de Justicia, Departamento de Estado, etc) propone una serie de medidas legislativas para luchar contra la piratería en Estados Unidos y que se recomiendan que sean presentadas al Congreso para su aprobación por la cámara. Entre las medidas propuestas encontramos más de un despropósito, como era de esperar, por ejemplo, perseguir ya no solo a los servicios que proporcionen contenidos sujetos a propiedad intelectual de manera ilegal, sino que también a los usuarios que los visualicen a través de streaming.
Según parece, al considerar que el usuario que consume un streaming también fomenta la piratería, su comportamiento debe ser considerado como una infracción grave y, por tanto, perseguido. Con tal fin, las autoridades deberán tener acceso a información que pueda ayudarles a identificar a los usuarios que accedan a este tipo de servicios.
¿Considerar delito la visualización de un contenido por streaming? La verdad es que leo el documento que ha publicado la Casa Blanca y, la primera imagen que me viene a la cabeza es un grupo de agentes del FBI tirando una puerta abajo. Y esta imagen no es nada descabellada porque el inicio del documento es toda una declaración de intenciones:
La piratería causa daños económicos y amenaza la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses.
Y claro, aprovechando que Seguridad Nacional pertenece a este comité y, puestos a identificar usuarios, este libro blanco recomienda que se aumenten las intervenciones de comunicaciones, o la retirada de contenidos, en los casos de espionaje o de riesgo para la seguridad nacional, otorgando más atribuciones a las agencias de seguridad y a sus cibercomandos.
En fin, creo que el concepto de libertad de la red que tiene la administración Obama dista un poco de la que pueden tener los usuarios.