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Ayer os comentaba de pasada el objetivo con el que el FBI trata de ampliar la Ley CALEA. Una ampliación que desde el punto de vista de la organización es fundamental para mantener y "salvaguardar" el orden. Pues bien, desde ayer es oficial el proyecto, que bajo el nombre en clave "Going Dark", se trata de ampliar las escuchas telefónicas a Internet, un terreno en el que el Gobierno de Estados Unidos había funcionado con mayor o menor intrusismo a través de la interpretación de CALEA, pero que con la llegada de la banda ancha se había quedado obsoleta.

La disputa en este caso tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones. La ley aprobada en 1994 exigía a las empresas diseñar los equipos y sus servicios a los usuarios de manera que pudieran asegurar a la policía monitorear las comunicaciones telefónicas. La interpretación que hacía de la misma la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) pudo mitigar la llegada de la banda ancha y los sistemas de VOiP. El problema actual tiene que ver con las redes sociales, los servicios P2P y los correos electrónicos.

En los tres casos la lectura de CALEA no llega a cubrir estos sistemas y aquí es donde entra "Going Dark", nombre en clave del proyecto del FBI con el que pretenden que los proveedores de Internet no puedan en ningún momento oponerse a servir una especie de "puertas traseras" si el FBI, la policía o cualquier órgano de la Seguridad Nacional lo requiriera.

Hasta ahora el Gobierno de Estados Unidos tenía la potestad de obtener una orden judicial que autorizara la intercepción de ciertas comunicaciones, pero en el caso de Internet, un proveedor podría negarse, ya que no tiene obligación de ceder.

La polémica por lo tanto está servida, ya que esta ampliación exige a las empresas y proveedores a no sólo ceder, sino rediseñar el software para el acceso que se requiera en cualquier momento. Se trata de garantizar a las autoridades norteamericanas el espionaje y las escuchas en Internet, en cualquiera de las redes o vías de la red que fuera necesario.

La solicitud, ordenada ayer al Congreso, pone una vez más en peligro la libertad y la neutralidad de la red, en este caso auspiciada bajo las autoridades y los usos que requieran en según qué momentos. Si se aprueba, tenemos ante nosotros un cambio drástico del Internet actual, donde por primera vez un Gobierno puede obtener la llave que abre "las puertas" de cualquier hogar en el momento que crea oportuno. Un Internet más vulnerable sin ningún principio de privacidad.

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