En plena resaca tras el batacazo de la Ley Sinde en el congreso, el cerco a Internet vuelve a estrecharse, pero esta vez en Francia. La SGAE española sería feliz si en vez de estar en España, estuviesen en el país galo, porque lo del gobierno de Sarkozy y la defensa de los derechos de autor (y las entidades gestoras) parece una relación sólida y duradera (al menos mientras siga este gobierno). A estas alturas, creo que todo el mundo más o menos conoce la legislación francesa en esta materia, la famosa Ley Hadopi, que permite identificar a los usuarios que se descargan material sujeto a derechos de autor, multarles o, directamente, cortarles la conexión a Internet.
Con este marco legal, no era de extrañar que no hubiese que esperar mucho para que saltasen los primeros datos relativos a las actuaciones de la Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet (conocida por Hadopi, acrónimo de Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet), que es la entidad encargada de advertir y, sobre todo, controlar a los usuarios franceses. Pues bien, desde el pasado mes de noviembre, este organismo ha enviado ya unas 100.000 advertencias a usuarios sospechosos de realizar descargas ilegales. ¡100.000 correos electrónicos de advertencia en apenas dos meses!, casi ¡unos 2.000 correos al día!.
¿Tantos piratas hay en Francia? ¿es esto normal?, bueno, según la industria audiovisual francesa, esto es poco, porque tan sólo supone un 3% del total de usuarios de Internet del país, ya que las entidades gestoras presentan unas 70.000 denuncias diarias. Personalmente, que un organismo lance 2.000 correos al día me parece un envío de SPAM gubernamental casi sin precedentes.
¿Y qué dice la misiva de Hadopi?, básicamente, sermonear a los ciudadanos franceses para no descarguen contenidos, así de simple y de directo:
Su acceso a internet ha sido utilizado para poner a disposición, reproducir o acceder a obras culturales protegidas por un derecho de autor
La misiva añade que el titular de la conexión es la personal legalmente responsable de la misma, por lo que debería proteger el acceso a ésta y darle un buen uso. Lo inquietante, es que ¡el 15% de los ciudadanos que han recibido el correo electrónico de advertencia contestó disculpándose!.
Bueno, ¿y cómo funciona este proceso?, originalmente el gobierno francés pretendía que Hadopi estuviese facultada para actuar sobre los internautas que, de manera reincidente, descargasen contenidos sujetos a derechos de autor. Afortunadamente, el Consejo Constitucional la tumbó y hubo que modificarla para introducir al poder judicial dentro de la ecuación. Actualmente, Hadopi cuenta con un equipo de tres juristas que se encargan de dar forma legal a cada caso y presentarlos ante un juez, de tal forma que el proceso vigente es de la siguiente forma:
- Si se detectan descargas "ilegales", Hadopi enviará un primer correo electrónico de advertencia (y concienciación del usuario).
- Si el usuario persiste, entonces se le volverá a enviar una notificación por correo electrónico y por correo certificado, para que quede constancia escrita de la advertencia.
- Si tras los dos avisos, el usuario mantiene las mismas prácticas, Hadopi traspasará el caso al juez habilitado a tal efecto que podrá multar al usuario con 1.500 € (casi 2.000 $) y una restricción temporal de acceso a Internet, es decir, el corte de su conexión.
Lo preocupante del proceso, además de la multa, es que si a alguien le cortan la conexión, éste tendrá que seguir pagando el servicio a su operador aunque no pueda usarlo mientras dure la sanción, además de no poder darse de baja de éste y solicitar el alta en un operador distinto.
Cuesta creer que en la tierra de la liberté, égalité, fraternité, los usuarios sean sermoneados de esta forma y con un régimen sancionador que parece sacado del patio de un colegio. De todas formas, que alguien sea "sospechoso" es bastante discutible, salvo que se pongan a analizar el tráfico de todos los abonados del país y el contenido de la descarga. Por cierto, todo este aparato gubernamental para enviar correos electrónicos de advertencia ha costado 12 millones de euros, casi nada.